La Fiscalía Europea ha archivado la denuncia por el megacontrato de 263 millones de euros en mascarillas que suscribió el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa en plena pandemia. El ente europeo dio carpetazo a estas diligencias tras constatar que no se habría producido ilícito con este contrato a FCS Select Products. La firma, dedicada al suministro de artículos de marketing de bedidas alcohólicas y cuya propietaria fue condenada por estafa, se convirtió en el mayor proveedor del Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes de la investigación avanzan a Vozpópuli que el órgano comunitario -que asume las investigaciones sobre presunto fraude a fondos europeos- decidió no seguir adelante con esta denuncia tras adherir informes determinantes, entre ellos uno de la Intervención General de la Administración del Estado (TGAE). Dichas periciales descartaron irregularidades en relación a la cantidad suministrada o el precio de los contratos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que se trataron de contratos de emergencia, el órgano archivó la denuncia. La diligencia se acordó en pleno proceso de verificación de la competencia, por lo que no se llegó a abrir causa por este asunto.
Del mismo modo, la Fiscalía Europea ha archivado la causa abierta por el contrato -también suscrito por el Ministerio de Salvador Illa- con la empresa china Weihai Textile Group. A diferencia de lo ocurrido con FSC Select Products, en este caso sí se abrió una investigación para esclarecer si se cometió o no delito con la compra de 500.000 batas desechables. Con todo, las diligencias han terminado archivadas al adherir sendos informes de la IGAE y de la Guardia Civil, que cierran la puerta a una presunta malversación de fondos europeos. Tanto el archivo de FCS Select Products como el de Weihai han sido confirmados por una de las Salas Permanentes, que son los órganos colegiados de la Fiscalía Europea que supervisan las investigaciones.
El mayor proveedor de la pandemia
Como desveló este medio, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Fiscalía Europea un listado de empresas proveedoras del Gobierno en plena pandemia y detalló aquellas adjudicaciones cofinanciadas con fondos Feder. Cabe recordar que Anticorrupción canalizó una serie de denuncias interpuestas en su mayoría por el Partido Popular y el PSOE para que se investigaran todos los contratos 'a dedo' de suministro de material sanitario. El órgano estudió todos ellos y archivó los que no eran constitutivos de delito. Con todo, mantuvo el foco en los contratos a Soluciones de Gestión en el marco de una investigación que supuso el nacimiento del caso Koldo.
Precisamente, en el documento remitido a la Fiscalía Europea se incluyeron las adjudicaciones del Ministerio de Transportes y del Ministerio del Interior a esta empresa de la trama, aunque se especificó que no se costearon con fondos europeos. Del mismo modo, se adhirieron también las adjudicaciones a FCS Select Products y a Weihai Textile Group especificando que se habían sufragado con fondos comunitarios. La primera de ellas se convirtió en la mayor contratista de la pandemia por cuatro adjudicaciones suscritas con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, órgano directivo del Ministerio de Sanidad.
El primer contrato se cerró por 10 millones de euros para la compra de 20 millones de mascarillas quirúrgicas,10 millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección. El segundo contrato se adjudicó por 119 millones de euros para adquirir "mascarillas de protección respiratoria para coronavirus Covid-19"; el tercero se cerró por 63,7 millones de euros a cambio de otros 150 millones de mascarillas quirúrgicas y el cuarto y último por 24,6 millones de euros también para comprar cubrebocas. El monto total de estos cuatro contratos -suscritos el 23 de marzo de 2020- ascendió a 217,5 millones de euros, si bien los denunciantes elevaron el total a 263 millones.
El PP incluyó más expedientes en su denuncia, en la que advirtió que FCS Select Products no solo no se dedicaba al sector sanitario, sino que su objeto social era la fabricación de artículos de marketing para el sector de bedidas alcohólicas. Además, determinó que la empresa recibió de Sanidad adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social y que carecía de empleados. A ello añadieron la condena en el año 2016 contra la administradora de FCS Select Products por un delito de estafa agravada.
Comprobaciones previas al archivo
En lo que respecta a Weihai, se informó a la Fiscalía Europea de un contrato suscrito con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el suministro de 500.000 batas desechables por 8,4 millones de euros. En este caso se denunció que el precio por unidad de las batas (16,7 euros) era el superior al ofrecido entonces por otros proveedores. Además, la firma no se encontraba entre el listado de empresas recomendadas entonces por el Gobierno chino.
Con todo, la Fiscalía Europea ha concluido que ambos asuntos deben acabar en archivo, teniendo en cuenta que tampoco hubo irregularidad alguna respecto al precio pagado, la calidad del material adquirido o la entrega del mismo. Tanto la denuncia de FCS Select Products -que se archivó a mediados de 2023- como la relativa a la empresa china, se archivaron tras incorporar varios informes periciales que descartaron la comisión del delito. Así pues, no se trató de archivos de plano, sino que hubo comprobaciones previas. Con todo, si aparecieran nuevos indicios, ambas causas serían susceptibles de reabrirse de nuevo.
Causas judicializadas
Cabe recordar que la Fiscalía Europea también ha recabado otros contratos de compra de mascarillas pagados con fondos europeos, como el que suscribió la empresa de la trama Koldo con los gobiernos de Baleares y Canarias, que entonces lideraban Francina Armengol y Víctor Ángel Torres. Se trata de adjudicaciones que finalmente han terminado volviendo a la Audiencia Nacional, después de que ambos entes se arrogaran la competencia para investigar el caso Koldo y de que el alto tribunal determinara que la instrucción debe seguir bajo la batuta del magistrado Ismael Moreno.
En lo que respecta al Ministerio de Salvador Illa, las denuncias llegaron a determinar la apertura de sendas causas penales en los juzgados de Plaza de Castilla. Una de ellas se dirigió contra altos cargos del Ministerio de Sanidad y de Hacienda también por estos contratos sanitarios. La Fiscalía y la Abogacía impulsaron el archivo de este procedimiento, en el que solo acusó Vox.
En paralelo, otro juzgado de Plaza Castilla abrió causa para investigar la querella que interpuso la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra Salvador Illa por delito contra la salud de los trabajadores. Este medio desveló que la causa se terminó archivando también tras constatarse que las diligencias llevaban sin prorrogarse desde octubre de 2022 y, por tanto, todas las diligencias practicadas desde entonces estaban fuera de plazo.
