El cambio normativo que preparan Gobierno y PSOE sobre la normativa de los deshaucios puede acabar convirtiéndose en un auténtica transformación de las reglas del juego del mercado hipotecario. La banca está dispuesta a seguir ofreciendo soluciones para frenar el drama social de los alzamientos hipotecarios, alrededor de 175.000 casos desde el inicio de la crisis. Pero al igual que el sector está dispuesto a suspender los deshaucios durante dos años en casos extremos también se reconoce que la adopción de esta medidas, que puede derivar en un cambio de la ley hipotecaria, implicará un endurecimiento en la concesión de créditos hipotecarios en un entorno ya de por sí muy complicado.
"Hay dos vías para encarecer un préstamo. O bien se incrementa el diferencial que se conjuga con el Euríbor (actualmente, se mueven entre el 2,75 y el 3,25%) o bien se obliga al solicitante a aumentar la cantidad que tiene que aportar sobre el valor de la vivienda. Alguna de estas medidas habrá que adoptar para cubrirse ante la eventualidad de un futuro impago", explican desde una entidad.
Frente a los años del boom inmobiliario, en los que algunas entidades llegaron a conceder el 120% sobre el valor de una vivienda, la financiación, en estos momentos, no excede del 75%, en el mejor de los casos. Con la nuevas medidas antideshaucios, esos niveles podrían incluso reducirse hasta el 50% de la adquisición, según reconocen en el sector. "Cuanta más protección se ofrezca al comprador, más cubierta tiene que estar la entidad si se produce una situación de impago", confirman en varias entidades.
En el sector se asegura que más del 60% de los deshaucios no corresponden a la primera vivienda, sino a segundas residencias, locales o garajes
Esa situación ya se contempla en las hipotecas que oferta la banca con la opción de poder adherirse a la dación en pago (entrega de la vivienda a cambio de la deuda) en caso de que el comprador entre en dificultades económicas. Este tipo de préstamos conlleva más cargas para el comprador que el que solicita una hipoteca sin esta opción.
Precisamente, la dación en pago es una de las soluciones que está sobre la mesa de las conversaciones que están manteniendo Gobierno y PSOE. La mayoría de la banca reconoce que es una solución que se viene aplicando en aquellos casos en los que se han agotado todas las opciones de refinanciación: aumento de la vida de la hipoteca para reducir la cuota mensual, carencia de capital, carencia de intereses, aplazamiento temporal de pagos, rebajas de cuotas para definirlas a la nueva situación económica del hipotecado y, en última instancia, alquileres sociales a bajo coste (alrededor de 150 euros mensuales).
Más allá del código de buenas prácticas
Algunas entidades añaden a este catálogo común de refinanciaciones la posibilidad de "vender" la deuda a un familiar o introducir nuevos avalistas. "Ninguna entidad se quiere quedar con el piso de nadie. Por esa razón, se toman todas las medidas que son necesarias para evitarlo", admiten desde las entidades consultadas, que aseguran que estas medidas van más allá del Código de Buenas Prácticas al que la banca se sumó de forma masiva.
El código, aprobado hace apenas siete meses, establecía medidas para que las familias con todos sus miembros en paro pudieran renegociar las condiciones de la hipoteca o, llegado el caso, dar su casa como dación en pago y permanecer en ella con un alquiler mínimo.
En el sector se esgrime que algo más del 60% de los deshaucios no corresponden a la vivienda habitual del hipotecado, sino a segundas residencias, locales o plazas de garaje.
El movimiento político emprendido en los últimos días podría derivar en un cambio de la ley hipotecaria, que cuenta con más de 100 años de existencia. Este cambio implicaría, a su vez, modificaciones en el código civil. Un proceso lento que, ante la gravedad de la situación, necesita de soluciones a más corto plazo.
Por esa razón, la banca está dispuesta a asumir que se amplíe ese código de buenas prácticas, porque estas nuevas medidas ya las están llevando a cabo, y que se ofrezca un aplazamiento temporal para esos casos extremos, que son aquellos que afecten a ancianos, enfermos terminales, personas que sufren malos tratos o niños de familias en las que sus progenitores no tengan ningún tipo de ingresos.
Además, no se descarta que haya que modificar también la ley concursal, como paso previo a las innovaciones que se planteen a la ley hipotecaria.
