España

La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 6,6 millones en 2018 y le atribuye una quincena de firmas pantalla

La querella, que se interpuso en un juzgado de Esplugues como desveló en exclusiva este diario, le atribuye fraude en el IRPF y en el impuesto sobre el patrimonio de 2018. Al margen, afronta un juicio por presunto fraude en años anteriores

La segunda causa abierta contra Shakira en un juzgado catalán y que desveló en exclusiva este medio se centra en un presunto fraude a Hacienda en el ejercicio 2018. La querella interpuesta en mayo por la Fiscalía, y que se conoce este martes, le atribuye un presunto fraude al fisco de 6,6 millones de euros en ese ejercicio y apunta a un entramado societario de 17 empresas pantallas.

Se trata de la segunda causa penal abierta contra la cantante por presunta defraudación. La primera de ellas giró en torno a ejercicios anteriores y en estos momentos está pendiente de enjuiciarse. En ese primer frente judicial Shakira afronta una petición de ocho años de cárcel por presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

En este nuevo caso el Ministerio Fiscal se querelló en mayo contra la colombiana por dos delitos fiscales en 2018, año que según ella misma ha defendido, ya tenía fijada su residencia en Esplugues de Llobregat donde vivía con su entonces pareja Gerard Piqué. La nueva querella de la Fiscalía recayó en el juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad y abrió causa hace apenas unos meses para investigar esta nueva acusación.

Evasión de 12,5 millones de su gira El Dorado

La Fiscalía sostiene que en el año 2018, para no tributar lo que le correspondía por el IRPF, se sirvió de un entramado societario, lo cual tuvo también su repercusión en el Impuesto de Patrimonio. En concreto, se le acusa de no declarar los rendimientos de 12,5 millones de dólares (cerca de 9,6 millones de euros) que obtuvo en 2011 y devengó en 2018 por su gira mundial El Dorado World Tour.

Del mismo modo omitió declarar rendimientos por importe superior a los 2,5 millones de euros que terminaron en dos sociedades de su entramado. Dedujo gasto por duplicado por importe superior a los 3 millones y también gastos por amortizar sus derechos musicales por importe superior a los 3 millones. También omitió gastos personales y no justificados por poco más de medio millón de euros.

Empresas pantalla en paraísos fiscales

La Fiscalía dedica buena parte de la querella a las empresas que Shakira canalizó en paraísos fiscales y países de baja tributación, la mayoría de las cuáles no tendrían actividad real. En concreto, alude a la sociedad GT (creada en 2017 en Estados Unidos para contabilizar los ingresos de su gira 'El Dorado'). También se detectaron en Norteamérica las sociedades CLLC, BRI LLC y PL LLC.

Del mismo modo identifican las firmas GH BV (Holanda); LLL, LPL y CF (Islas Vírgenes Británicas); NWH Inc y FD (Panamá); CCC y AC (Luxemburgo); CBP y PHI (Bahamas); CF (Liechestein) y dos firmas más radicadas en España. Desde este entramado, la artista colombiana controló todos los ingresos procedentes de su carrera, de su patrimonio inmobiliario y financiero.

Al respecto el Ministerio Público detalla -al igual que sostuvo Hacienda en la causa penal por la que afronta ocho años de cárcel- que "la única relación" que ha tenido con algunos de estos países (como Islas Vírgenes, Malta, Panamá, Holanda y Luxemburgo) fue el domicilio de las empresas.

"Fueron entidades instrumentales, por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos que constaban formalmente generados en ellas debían ser atribuidos a la querellada en su declaración de IRPF", reza la querella.

Shakira niega el delito

Aunque Shakira presentó autoliquidaciones en Estados Unidos por su gira mundial, la acusación sostiene que debió ingresar por IRPF en 2018 un total de 6,01 millones de euros y otros 625.190, euros del Impuesto de Patrimonio; lo que en su conjunta suma un total de 6,68 millones de euros. Frente a ello consta que Shakira consignó en la autodeclaración liquidación de unas deudas deducibles por 30.640.955 euros y el importe determinado por la Inspección asciende a 80.353.136 euros.

La colombiana, por su parte, reaccionó a la exclusiva de este medio asegurando que había actuado conforme a la ley y que estaba siendo sometida a una presión "mediática y reputacional". El despacho que lleva su defensa expuso que se enteró de esta nueva investigación a tenor de la información publicada y que no se pronunciaría sobre el contenido hasta que se le notificara por los cauces legales.

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