La Audiencia de Sevilla se ha topado con una función sobrevenida por la resolución de piezas separadas del caso ERE, la mayor causa de corrupción juzgada y sentenciada en España en términos del quebranto económico generado a las arcas públicas: librar de la cárcel por acuerdos de conformidad que impulsa la Fiscalía Anticorrupción a enjuiciados con vínculos tangenciales con la trama. Es el caso de un empresario de Jerez de la Frontera (Cádiz), que ha eludido la prisión tras reconocer el cobro de 225.000 euros en "ayuda sociolaboral" dentro del mecanismo de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo. En consecuencia, una ayuda concedida "de manera arbitraria y fraudulenta".
El acuerdo de conformidad entre Anticorrupción, las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP andaluz, la defensa del único acusado en este procedimiento y el propio investigado, ha desembocado en una condena para este como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos. Es decir, que no pisará la cárcel tras aceptar una pena de dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación absoluta y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de la misma cantidad, 225.000 euros, que recibió en su momento de la Junta de Andalucía. La sentencia ya ha adquirido la condición de firme una vez expresada por las partes su voluntad de no recurrirla.
Con esta, son ya veinte las sentencias que ha dictado la Audiencia de Sevilla en relación a piezas separadas del caso ERE, según precisa la Oficina de Comunicación del TSJA.
Una solicitud inicial de 450.000 euros
Inicialmente, el empresario solicitó a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía "una ayuda excepcional" por importe de 450.000 euros para "solventar problemas de liquidez".
A continuación, según el escrito de acusación, "prescindiendo de todo procedimiento legal, el 8 de febrero de 2010", Juan Márquez como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía le concedió "una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros" con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que eran financiados los ERE fraudulentos.
"A pesar de no reunir los requisitos legales para ello", según el PP, al empresario le fue abonado "el 75 por ciento de la ayuda", o sea 225.000 euros, de manera "arbitraria y fraudulenta"; con el "visto bueno" del entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que siguió las indicaciones de su superior, el consejero Antonio Fernández.
Márquez, Barberá (este excarcelado por razones humanitarias) y Fernández fueron ya condenados a cárcel por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por su papel en el mecanismo "específico" de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias, una sentencia anulada por el Tribunal Constitucional con relación a acusados como los expresidentes autonómicos José Antonio Griñán, Manuel Chaves o el propio Antonio Fernández, con orden a la Sección Primera de que emita nueva sentencia incorporando los criterios fijados por dicho tribunal respecto al asunto.
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