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El PP impedirá con su mayoría en el Senado que la ley de amnistía esté lista antes de la investidura de Sánchez

El PP impedirá con su mayoría en el Senado que la ley de amnistía esté lista antes de la investidura de Sánchez

  • Alberto Núñez Feijóo, en el Senado. -

Amnistía a cambio de investidura. Ese es órdago que ha lanzado Puigdemont a Pedro Sánchez y que el presidente en funciones está dispuesto a cumplir, a través de la "Ley de Alivio Penal", para permanecer en La Moncloa. El PP, sin embargo, usará su mayoría absoluta en el Senado para impedir que los tiempos exigidos por el prófugo se cumplan.

Así lo confirman a Vozpópuli fuentes del Grupo Popular en la Cámara Alta, que coinciden en la advertencia que hizo Jaume Asents a Junts hace unos días: "Efectivamente, y gracias a nosotros, es imposible que la ley de amnistía para Carles Puigdemont se apruebe antes del debate para investir de nuevo a Pedro Sánchez". Todo ello, señalan, porque "los plazos para un nuevo debate de investidura, y para aprobar una iniciativa legislativa, son los que son y nosotros, para lo segundo, tenemos la última palabra".

Un calendario muy apretado

Si Alberto Núñez Feijóo no logra la investidura el próximo 27 de septiembre, el cronómetro para convocar unas nuevas elecciones se pondrá en marcha y Pedro Sánchez tendrá dos meses para lograr los votos necesarios para ser reelegido y continuar en La Moncloa. Para ello, eso sí, será necesaria una nueva ronda de consultas del Rey y su designación como candidato.

Antes de ese debate, el PSOE pondrá en marcha la Ley de Alivio Penal para su aprobación en el Congreso de los Diputados pero, avisan desde el PP, "por mucho que corran imponiendo en la Mesa el procedimiento de urgencia, el pleno no podrá celebrarse hasta 15 días después".

La aprobación del texto se da por segura gracias al voto en bloque de PSOE, Sumar, y los partidos nacionalistas e independentistas que garantizarían la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, recuerdan desde el PP, "esa ley aprobada en la Cámara Baja debe pasar después por el Senado para su modificación o aprobación definitiva".

Enmiendas y devolución tras 20 días

Según el Reglamento del Senado, la Cámara Alta dispone de un plazo de dos meses para aprobar, introducir veto o enmiendas a los proyectos o proposiciones de ley procedentes del Congreso, aunque si el propio Congreso o el Gobierno considera esa iniciativa legislativa de urgencia, el tiempo se reduce a 20 días. Un tiempo que la mayoría absoluta del PP en el Senado hará "efectivo al 100".

Para dilatar lo máximo posible los plazos, los populares presentarán enmiendas parciales al articulado de la ley. Las fuentes consultadas explican que, al ser un texto procedente del Congreso, no se pueden presentar enmiendas a la totalidad, pero "sí atacar al objeto del mismo dándole la vuelta a los artículos que se consideren oportunos".

La aprobación de todas esas enmiendas también están garantizadas por la mayoría del PP en el Senado, por lo que el texto modificado debería ir de nuevo al Congreso de los Diputados para -esta vez sí- su aprobación definitiva, pudiendo PSOE, Sumar y sus socios independentistas rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.

Para entonces, eso sí, "Sánchez habrá tenido, o tendrá fijada ya, una investidura para evitar la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales". Por tanto, apuntan desde el PP, "el PSOE no puede cumplir con las exigencias de Puigdemont de aprobar la amnistía antes de la investidura porque nosotros se lo vamos a impedir".

Recurso ante el TC

Los populares, en todo caso, asumen que se el expresident catalán acepta investir a Sánchez antes de que se apruebe el texto y hay nuevo gobierno, "habrá ley y tendremos que recurrirla ante el TC". El PP, además, tampoco descarta un recurso de amparo.

Tal y como adelantó Vozpópuli la semana pasada, los de Feijóo priorizarán el recurso ante el Constitucional frente a la vía europea, al considerar que la ley de amnistía atenta contra los principios de legalidad, igualdad y separación de poderes que recoge la Carta Magna.

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