El juez que investiga el secuestro de una concejal de Maracena (Granada) ha abierto una pieza separada para investigar la presunta participación en los hechos de la que fuera alcaldesa de la localidad, Berta Linares, y el exconcejal de Urbanismo, Antonio García Leyva. El magistrado les tomará declaración como investigados para esclarecer si trazaron un plan para detener a otra concejal del consistorio.
Fuentes jurídicas confirman que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada actúa en este sentido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declinara abrir una investigación por estos hechos. El magistrado derivó parte de la causa al TSJ andaluz para que investigase la implicación del entonces secretario de organización del PSOE andaluz, Noel López, por su condición de aforado.
El juez consideró que había indicios contra el exnúmero 3 del PSOE en Andalucía (quien precedió a Berta Linares en la alcaldía de Maracena), así como contra la propia Linares y García. Por ello dividió la causa y pidió al órgano superior que investigara si urdieron el plan del secuestro, mientras que él se quedó la parte abierta contra Pedro Gómez, la persona que ejecutó la detención.
Sin fecha para la declaración
El TSJ andaluz, con el criterio favorable de la Fiscalía, declinó abrir causa por estos hechos alegando que, antes de actuar contra Noel López, se tendrían que practicar diligencias encaminadas a esclarecer la participación de su prima Berta Linares y del concejal del consistorio. Es por ello que ahora el magistrado abre pieza separada para investigar el papel de ambos cargos públicos, aunque todavía no ha fijado fecha concreta para sus declaraciones.
En su auto, fechado el día 26 de junio, el magistrado no solo ordena estas dos declaraciones sino que avisa que se practicarán todas las diligencias que deriven de estas actuaciones. Las mismas fuentes explican que si finalizadas las indagaciones se considera que hay elementos que implican al dimitido número 3 del PSOE andaluz, volverá de nuevo a dirigir una exposición razonada a la Sala de lo Penal del TSJ andaluz para que le investigue al encontrarse aforado por su condición de diputado autonómico.
Consumo de drogas
Por otro lado, el magistrado libra oficio dirigido al Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología para que aclare si el presunto autor del secuestro consumió cocaína de manera "puntual" el día que cometió la detención ilegal. El informe ya elaborado y remitido al juzgado por este departamento constató que Pedro Gómez -que permanece en prisión provisional por estos hechos- no era consumidor habitual de cocaína.
Así pues la causa retorna al juzgado que la comenzó investigando y que, hasta la fecha, ha interrogado tanto al ejecutor material de los hechos como a la propia víctima. Gómez relató que la secuestró ante la enemistad manifiesta de Romero con Linares, de quien era pareja en aquel momento. Aunque los afectados han desmentido su versión, el juez se amparó en la misma y en las pruebas recabadas durante este tiempo para proceder contra los empleados municipales.
De un lado contaba con el testimonio de Gómez -que dijo que el plan lo urdieron Linares, García y López- y de otro con la información recabada de las compañías telefónicas que probaba que los implicados se giraron llamadas el mismo día del secuestro. Del mismo modo, unas cámaras de vigilancia probaron que Linares mintió en una de sus primeras declaraciones a la prensa ya que sí vio a Gómez tras ejecutar la detención.
El objetivo del grupo sería arrebatar a Romero unos expedientes municipales sobre urbanismo que atesoraba tras haber trabajado en dicha área. Gómez explicó que cuando ejecutó el secuestro, a punta de pistola falsa, encontró en el maletero de la concejal los expedientes en cuestión. Se trata de papeles que el juez ya ha trasladado a la Guardia Civil para que investigue si se vislumbra indicios de delito con las presuntas irregularidades que recogerían.
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