Las pensiones se revalorizaron en enero en base a la inflación media de diciembre de 2021 a noviembre de 2022, que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) situó en el 8,46%. Esta subida en base a la inflación pasada, que marca la nueva reforma de las pensiones para solventar la pérdida de poder adquisitivo, aumentará el gasto en unos 13.500 millones este año. Hasta la entrada en vigor de la reforma, las pensiones subían con una previsión de IPC que, en caso de quedarse corta, se compensaba a principios de año con la famosa 'paguilla'.

Sin embargo, el INE comunicó un cambio en la metodología del IPC en enero de este año, apenas unas semanas después de que se aplicara la revalorización de las pensiones. Por un lado, incluyó al mercado libre de la electricidad y el gas; y, por otro, actualizó el peso que tienen los distintos bienes y servicios. Según los cálculos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), de haberse aplicado la nueva ponderación al 2022, la subida media de los precios habría sido del 7,8%. Es decir, que la inflación que se tomó como referencia para revalorizar las pensiones hubiera sido seis décimas inferior.

Esto, usando también la estimación de Funcas de que un punto de inflación son 1.600 millones de gasto extra en pensiones, habría ahorrado cerca de 1.000 millones al Estado. Dicho de otra forma, asumiendo que la nueva metodología del INE es la correcta al haberse adoptado este cambio, y siendo el Gobierno consciente del coste extraordinario que generaría la aplicación de este cambio normativo justo cuando se vive la mayor crisis inflacionista en décadas, se han gastado unos 1.000 millones 'de más' por la falta de coordinación entre Administraciones.

Organismo adscrito a Economía

No hay que olvidar que el Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo, pero adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño. Es decir, que las comunicaciones son constantes, tal y como confirman fuentes cercanas. Sin embargo, el pasado año las relaciones entre el INE y el Gobierno no parecían atravesar su mejor momento.

El Gobierno llegó a cuestionar ante la Comisión Europea la metodología que utiliza el Instituto para elaborar el IPC, culpándole de parte de la elevada inflación que revela la estadística al no incluir los precios del mercado libre de la electricidad (uno de los cambios que finalmente aplicó el INE en enero). Además, durante los peores momentos de la economía, primero con la pandemia y luego con la guerra lastrando la actividad, el Gobierno también desacreditó el principal indicador económico que proporciona el INE, el PIB.

Y en este contexto, en verano del año pasado se comunicó la salida del hasta entonces presidente del Instituto, Juan Manuel Rodríguez Poo. El relevo en la presidencia del INE ha sido cuestionado desde Bruselas. Los estadísticos europeos criticaron hace unas semanas que no se exija que se detallen los motivos de cese del presidente. El comité consultivo europeo para la gobernanza estadística (ESGAB) también emitió un comunicado el pasado julio en el que reconocía ver con "seria preocupación" las circunstancias que rodeaban la dimisión de Rodríguez Poo.

Es decir, que ha sido ya bajo el mandato de la nueva presidenta, Elena Manzanera, cuando se ha comunicado ese cambio metodológico en el cálculo del IPC (y que, en todo caso, no es sospechoso de beneficiar al Gobierno). Sin embargo, sobre el asunto concreto de cómo habría afectado a la inflación media de 2022, desde el INE aseguran no haber hecho una estimación del impacto que hubiera tenido aplicar la nueva metodología.

De cara al futuro, otro problema que se plantea es que durante todo este año estaremos comparando precios medios calculados de distinta manera. Una "incomparabilidad", tal y como reconocieron desde el INE, que ven "asumible", con unos márgenes estadísticos de error "fiables". Sin embargo, fuentes expertas en el análisis estadístico critican que no se haya 'retropolado' un año para poder comparar datos más homogéneos, lo que también habría sacado a relucir una inflación media en 2022 más baja de la que se tomó como referencia para revalorizar las pensiones.

El gasto en pensiones

Antes de cambiar las reglas con la primera parte de la reforma de las pensiones, el Gobierno revalorizó las pensiones con inflaciones previstas, no pasadas: un 1,6% en 2019, un 0,9% en 2020, un 0,9% en 2021, y un 2,5% en 2022. En enero, cuando se llevó a cabo la revalorización anual del 8,5%, los jubilados vieron crecer sus nóminas de media en algo más de 100 euros por primera vez en la historia.

La pensión media mensual por jubilación se disparó de los 1.260 euros en los que se localizaba en diciembre de 2022 a los 1.368 euros, 108 euros más. Y puesto que no hubo diferencias por tramos de cuantía, la pensión máxima superó por primera vez los 3.000 euros mensuales.

En abril, el último mes en el que la Seguridad Social abonó las pensiones contributivas, la factura ascendió a los 11.963 millones. Como ya publicó este periódico, son 3.000 millones más que en 2018 (8.965 millones en abril), año en el que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy. 

La mayor parte del gasto se lo llevan las pensiones de jubilación, el 73% del total (8.711 millones). La factura la completan los 1.998 millones de las pensiones de viudedad, los 163 millones que se destinan a orfandad, 1.059 millones por incapacidad permanente y otros 31 millones en favor de familiares.

El techo histórico de los 12.000 millones de gasto mensual en pensiones se sobrepasará ya a principios de este verano. Con el ritmo de crecimiento de los últimos meses (10,8% anual y 0,15%-0,20% mensual), es esperable que lo haga en el próximo trimestre, entre junio y julio.

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