La superioridad ética o moral de la democracia sobre cualquier otro sistema político es hoy aceptada entre los humanos por unanimidad relativa, concepto empleado por los seguidores de la Public Choice para referirse a la situación en la que no siendo unánime la defensa de una posición, el número de los que están a su favor es aplastantemente mayor al de los que están en su contra. Basándose en el principio “un hombre, un voto” -que me perdonen las feministas radicales, pero es así como se formuló, utilizando “hombre” como término genérico-, la consecuencia lógica de la democracia es posibilitar el gobierno de la mayoría. Atendiendo a la etimología de los términos rusos, el sistema democrático conduce inevitablemente a que gobiernen los bolcheviques -los que son más-, y a ubicar en la oposición a los mencheviques -los que son menos-.

Sin que valga para cuestionarla, es necesario afirmar que la democracia no es perfecta, cuestión que queda explicitada en la frase atribuida a Churchill según la cual solo es “el menos malo de los sistemas”, con la que viene a reconocer que en su funcionamiento existen fallos y no menores. En mi opinión, el principal se encuentra en los procesos que para alcanzar el favor de los electores se siguen por parte de los partidos políticos contendientes en la batalla electoral, dado que en el intento se tiende irremediablemente a formular propuestas que, justificadas o no, satisfagan a los diversos grupos de ciudadanos en sus respectivas aspiraciones particulares o grupales, aunque hacerlo suponga preterir el interés general.

Se proponen y se adoptan decisiones que, siendo electoralmente rentables en el corto plazo para el proponente y/o decisor, son erróneas y resultan después nocivas para la sociedad

Sucede que en las decisiones políticas concurren siempre un primer efecto o primera derivada que es su consecuencia a corto plazo que es fácilmente visible, con otros/otras que se provocan a medio/largo cuya percepción es menos evidente en el momento de la decisión. Esta circunstancia determina que en el juego político sea frecuente formular propuestas y aplicar soluciones cuyo primer efecto contenta a los bolcheviques, que son más, aunque el conjunto de sus consecuencias resulte perjudicial para los intereses generales. El riesgo para el futuro es evidente porque, actuando en la forma descrita, se proponen y se adoptan decisiones que, siendo electoralmente rentables en el corto plazo para el proponente y/o decisor, son erróneas y resultan después nocivas para la sociedad en su conjunto

Lo anterior se observa con nitidez descendiendo a cuestiones concretas. Pensemos en una situación que afecte a la relación jurídica entre empresarios y trabajadores y que, por sus circunstancias concretas, contrapusiera el futuro y viabilidad de las empresas con las condiciones laborales de sus empleados. En la dicotomía que estamos analizando, la tentación cortoplacista de no pocos políticos es situarse del lado de los trabajadores, que son los bolcheviques del caso dado que su número, y por tanto su peso electoral, es claramente mayor que el de los mencheviques que son los empresarios, inferiores en número y, por ello, en potenciales votos. Y ello pese a que, de provocar un efecto expulsión de las empresas existentes y un efecto disuasión para la creación de otras nuevas, se comprometa el futuro de la actividad económica y consecuentemente del empleo.

No son ni pocos ni insignificantes los ejemplos de esta conducta que podemos encontrar en la política española. Por poner uno reciente, cabe hablar del establecimiento del nuevo impuesto que va a gravar a las grandes fortunas. Para adoptar la decisión de establecerlo, el Gobierno ha tenido en cuenta que los que deberán pagarlo son los mencheviques del caso, un número de contribuyentes relativamente escaso, en tanto que los bolcheviques o aquellos que no vendrán obligados a tributar por el nuevo impuesto son muchos más. Y buscando la rentabilidad electoral, ha apostado por contentar a aquéllos y perjudicar a éstos. Sin embargo, los antes reseñados efecto expulsión y efecto disuasión provocarán una fuga de nuestro territorio fiscal de actuales residentes con patrimonio significativo al tiempo que disuadirán la entrada en España del citado tipo de contribuyentes. La concurrencia de ambos efectos mermará la recaudación que pudiera obtenerse en impuestos como el IRPF, el IVA o el ITP, pero además descapitalizará a nuestra economía afectando negativamente a la inversión y perjudicando a la creación de empleo. Estas son las consecuencias de bolchevizar las decisiones políticas, riesgo inherente al sistema democrático según ha sido explicado.

Con todo y dado que, pese a los fallos señalados la democracia es irrenunciable, el objetivo a alcanzar es tener unos políticos responsables que renuncien a la bolchevización de su estrategia. Alcanzarlo no es meta fácil.

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