El Gobierno ha declinado ofrecer la información requerida por un diputado sobre las cámaras de seguridad instaladas en la valla de Melilla, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y considerar que la pregunta registrada en el Congreso está relacionada con material clasificado. La decisión del Ejecutivo se conoce en un momento marcado por la polémica desatada en torno al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la gestión en la tragedia del pasado mes de junio en la que murieron al menos 23 personas, según las fuentes oficiales: la oposición pide abiertamente su dimisión y los socios habituales de Moncloa ponen en entredicho las explicaciones ofrecidas hasta la fecha.
La pregunta registrada en el Congreso de los Diputados a la que se ha desestimado la información estaba relacionada con los medios tecnológicos instalados en la valla de Melilla. Jon Iñarritu, parlamentario de EH Bildu, requirió datos relacionados con el número de cámaras dispuestas por el Ministerio del Interior en el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma, así como la ubicación de las mismas. Cabe recordar que el departamento dirigido por Grande-Marlaska asumió una profunda remodelación de la valla, cambiando las polémicas concertinas por otros medios de disuasión y colocando cámaras más modernas, así como otros elementos tecnológicos.
El Gobierno, no obstante, ha optado por no facilitar ninguna información al respecto. La respuesta publicada este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes apunta a que los datos requeridos están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales de 1986: "Los sistemas de mando, control y comunicación, así como los datos, medios y procedimientos operativos de vigilancia de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas entran dentro de la materias que tienen la clasificación de secreto con carácter genérico", indica el Gobierno en su respuesta.
La grabación de las cámaras de seguridad es precisamente uno de los elementos que ha suscitado una mayor controversia a partir de la tragedia del pasado mes de junio. La Fiscalía General del Estado envió este miércoles un requerimiento a la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla para que le entregara todo el material audiovisual grabado durante aquella jornada, al entender que los vídeos de los que dispone podrían tener cortes o estar editados. A esas grabaciones habría que sumar las que hizo un dron español y un helicóptero.
Marlaska descarta dimitir
El Ministerio del Interior, no obstante, niega cualquier tipo de edición en las imágenes y asegura que ya ha entregado a la Fiscalía -y al Defensor del Pueblo- todo el material audiovisual que tenía a su disposición: "El Ministerio del Interior reitera que todo el material audiovisual recogido sobre los hechos del 24 de junio fue entregado en septiembre y obra en poder de el Defensor de El Pueblo y de la Fiscalía. El material del que no disponen es sencillamente porque no existe", afirman fuentes oficiales de Interior.
Desde el departamento que dirige Marlaska aseveran que la Guardia Civil responderá "a la mayor brevedad" y que se detallarán "los motivos técnicos que demuestran que en los envíos originales se incluyo todo el material disponible": "Esta respuesta va a incluir declaraciones de los operadores del helicóptero y del dron así como detalles de los libros de vuelo de ambos aparatos".
Por su parte, Marlaska niega cualquier posibilidad de presentar su dimisión, pese a las presiones recibidas desde esferas políticas y las investigaciones abiertas por la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo -éste último cuestionó que se respetasen los derechos de los inmigrantes que dieron el salto a España y elevó a 470 la cifra de devoluciones en la frontera, frente al centenar que esgrimía el Ministerio-. "No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad", ha apuntado este jueves el titular de Interior, en plena crisis por la polémica.
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