La Asociación Liberum ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) un recurso en el que impugna la decisión del Parlamento Europeo de prorrogar hasta el 30 de junio de 2023 el certificado covid digital de la UE, por el que se regula la circulación de ciudadanos en la eurozona en el marco de la pandemia.

El abogado del equipo jurídico de Liberum Luis María Pardo ha explicado que la asociación --junto a 926 personas-- ha estimado pertinente interponer el recurso de anulación contra el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo firmado el pasado 29 de junio por el que se prorroga el Reglamento original, adoptado en junio de 2021.

La Comisión Europea propuso esta prórroga para evitar que la validez del documento caducara a las puertas del periodo vacacional, tras constatar que la presencia del coronavirus en los países de la UE es alta.

Denuncia por vulneración de derechos

Desde Liberum han considerado que la medida adoptada vulnera tres derechos fundamentales. En este sentido, el abogado ha incidido en que el certificado covid digital de la UE vulnera el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. Según ha dicho Pardo, la asociación ha aportado un informe pericial en el que se acredita que los datos del mencionado certificado "van a una multinacional extranjera con sede en Estados Unidos".

Asimismo, ha asegurado que el Reglamento impugnado vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación y a la libre circulación al imponerse la obligación de presentar una pcr o un test de antígenos a los no vacunados o a las personas que no tienen la pauta completa de vacunación.

Sobre este extremo, el letrado ha indicado que han presentado un informe pericial que "demuestra que cualquier persona es fuente de contagio", incluidos aquellos que tienen más de tres meses con la vacuna, por lo que considera que restringir la circulación a quienes no tienen el certificado covid supone una vulneración de derechos.

Asimismo, la asociación ha incluido en su recurso la presunta vulneración del derecho a la integridad física. Al respecto, Pardo ha insistido en que hay personas que se han visto afectadas con efectos secundarios con la primera dosis y no han podido seguir con el resto de la vacunación, por lo que se han quedado sin certificado covid y sin alternativa para circular libremente por la región.

Suspensión cautelar

Según ha precisado Pardo, en el marco de la estrategia jurídica, la asociación ha pedido que se suspenda de manera cautelar la prórroga impugnada hasta que el TGUE resuelva el fondo del recurso y se ponga fin al procedimiento judicial. El recurso, presentado esta misma semana, cuenta con más de 5.000 folios y un conjunto documental de 16 anexos, además de los informes periciales mencionados.