El Gobierno acaba de presentar su techo de gasto público para 2023 acompañado de su correspondiente cuadro macroeconómico. Si bien las previsiones gubernamentales se han caracterizado por un crónico desajuste con la realidad, el ejercicio económico-presupuestario planteado por la coalición social comunista se caracteriza por su “coherencia”; esto es, por la continuidad y fortalecimiento de una estrategia incompatible con las exigencias de la economía española. La idea transmitida por el Ejecutivo en la presentación de sus proyecciones, España Responde es inexacta, ya de debería denominarse España Responde…Mal.

De entrada, la hipótesis de un crecimiento del PIB del 4,3% en 2022 resulta poco consistente con la evolución de la economía en los dos primeros trimestres del año en curso, con la trayectoria de los indicadores adelantados de actividad y con los de expectativas que presentan un claro signo negativo. Es cierto que, de momento, el consenso mantiene un incremento del PIB para 2022 similar al del Gobierno pero también lo es que a la vuelta del verano la mayoría de los organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales revisarán sus previsiones y, a nadie le quepa duda, lo harán a la baja.

Tras el paréntesis veraniego, la economía nacional se verá enfrentada a un último trimestre en el que existen grandes probabilidades de que se produzca una contracción del PIB que se prolongará cuanto menos al primero de 2023. El Gobierno parece hacer abstracción del escenario de estanflación en el que está inmersa España y existe un claro riesgo de introducirse en una coyuntura de recesión inflacionaria. Tanto en uno y otro supuesto, la política económica gubernamental es claramente inadecuada. No es posible abordar una situación como la actual, un shock de oferta negativo, con medidas de expansión fiscal y de intervención masiva en la economía.

No es posible abordar una situación como la actual, un shock de oferta negativo, con medidas de expansión fiscal y de intervención masiva en la economía

Este panorama se ve agravado por la subida de los tipos de interés iniciada por el BCE cuyo impacto contractivo sobre el consumo y la inversión y su presión alcista sobre la carga de los intereses de la deuda en el Presupuesto va a ser muy considerable. A ello cabe sumar la continuidad de la disrupción de las cadenas globales de valor y la continuidad o agudización de un entorno de precios de la energía muy elevados en lo que resta de 2022 y, al menos, en el primer semestre de 2023. El Gabinete ha hecho abstracción de esos riesgos, cuya materialización es muy probable, en su programación macroeconómica y presupuestaria.

En este contexto, el proclamar como un logro un techo de gasto que, en las propias palabras del Gobierno, constituye un nuevo record histórico, es de una extraordinaria irresponsabilidad a la vista del escalofriante endeudamiento del sector público. La proyectada reducción del déficit en 2022 se sustenta en un crecimiento del PIB que no se va a producir y, sobre todo, en la presencia de una elevada inflación que incrementará los ingresos fiscales; la escena dibujada para 2023 es un ejercicio de voluntarismo no sustentado en nada sólido. En el mejor de los casos, todo el esfuerzo de corrección del déficit se sustentaría en factores coyunturales y, por tanto, insostenibles. En otras palabras, la estrategia fiscal y presupuestaria de la entente psoe-podemita es incompatible con la reducción del binomio déficit-deuda no ya en el medio-largo plazo sino en el corto.

La proyectada reducción del déficit en 2022 se sustenta en un crecimiento del PIB que no se va a producir y, sobre todo, en la presencia de una elevada inflación que incrementará los ingresos fiscales

Este panorama resulta más preocupante si se tiene en cuenta la desaparición del anterior programa de compra de deuda pública por el BCE y su sustitución por un nuevo instrumento. Es cierto que el TPI está creado para evitar la apertura de una brecha excesiva entre las primas de riesgo de los países de la Unión Monetaria, pero también lo es que España no reúne a día de hoy los requisitos básicos para acceder a esas ayudas. Por un lado, el desequilibrio de sus finanzas públicas no obedece a razones coyunturales, sino estructurales; por otro, no existe plan ni señal alguna que permita esperar la voluntad del Gobierno a alterar la senda expansiva de su política fiscal y presupuestaria. En consecuencia, llegado el caso, el BCE tendrá que hacer abstracción de esa realidad y, como se diría en términos coloquiales, “tragar” o imponer a España condiciones estrictas para comprar su deuda cuando los mercados eleven de manera significativa la prima de riesgo sobre sus bonos soberanos.

Toda la política económica de este Gobierno constituye una fuga hacia adelante para abordar las próximas elecciones generales con un único objetivo: conservar la mayor parte posible de su base social ante las perspectivas de su derrota en las urnas. No existe otro fundamento para explicar su actuación. Nunca en ningún lugar a lo largo de la historia se ha logrado superar una crisis como la actual a base de aumentar el gasto, el déficit e intervenir los mercados con una inflación en los niveles de la española en estos momentos. El Gabinete PSOE-Podemos va a dejar la peor herencia de la democracia a quien le suceda en la dirección de los destinos de España y la tarea va a ser muy dura.

Recortar el gasto público

Desde esta perspectiva, resulta preocupante la posición del PP ante el techo de gasto planteado por el Gobierno. Su responsable del área económica ha señalado que al próximo gabinete sólo le queda subir impuestos o efectuar recortes. Este enfoque es preocupante y erróneo. No existe margen alguno para elevar la fiscalidad en España para reducir el déficit. Ello sólo conduciría a una recesión y, por tanto, a empeorar el saldo presupuestario. Sólo hay una alternativa real: recortar el gasto público innecesario y acometer las reformas estructurales que reactiven la oferta productiva e impulsen el crecimiento. Empeñarse en sanear las cuentas públicas con alzas impositivas como hizo el Gobierno Rajoy es un craso error, su coste social y económico sería elevadísimo y su fracaso seguro.

Ante la irresponsable acción gubernamental y ante la ambigüedad del PP, es imprescindible asumir la responsabilidad de explicar a los españoles la gravedad del momento económico, la imposibilidad de eludir la adopción de medidas contundentes para afrontarlo y la necesidad de contar con un Gobierno en el que exista una garantía de que la derecha española no se convertirá una vez más en el taller de reparaciones de un modelo colectivista que está agotado e impide el crecimiento económico de España.

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