Es lógico que algunos 'jefes' del Ibex estén preocupados, ante la amenaza de que el Gobierno vuelva a protagonizar un nuevo 'asalto' empresarial. A la inquietud contribuyen movimientos tan sorprendentes como un misterioso apunte contable que afloró recientemente en las cuentas del Estado. La anotación no pasaría de la anécdota de no ser porque la cantidad consignada ascendía, nada menos, que a 7.000 millones de euros. Y porque empresas estratégicas como Naturgy, en pleno proceso de reestructuración accionarial, llevan tiempo en el punto de mira de Moncloa.
La aparición de la millonaria partida activó las alertas en Génova. Las maniobras de Moncloa en organismos públicos (como el Banco de España) y empresas privadas (como Telefónica) han llevado al PP a reforzar su 'activismo' contra la 'colonización' gubernamental. Prueba de ello es que el equipo económico de los populares, al mando de Juan Bravo, detectó esa anomalía en las cuentas públicas y procedió a formular después una pregunta parlamenaria.
Los hecho sucedieron de este modo. El pasado 11 de septiembre, el Ministerio de Hacienda publicó el denominado "Avance comentado" de los pagos mensuales del Presupuesto de Gastos del Estado. El documento, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), incluye un capítulo sobre activos financieros, donde se consignan los pagos acumulados en julio. Según el informe, ese mes se produjo un brusco incremento del 98,9%, que se debe, fundamentalmente, a una potente "aportación patrimonial al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas [FASEE]".
Fondo estratégico
Esa partida asciende a siete millones de euros y su destinatario es la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI). Sorprende no sólo lo abultado de la cifra, sino que el dinero vaya a parar a un fondo que se creó en la pandemia para inyectar dinero en empresas. Lo aprobó el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2020 para "reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional".
El mecanismo, por tanto, está habilitado para que la SEPI pueda tomar posiciones en compañías privadas. Por eso llama tanto la atención que, dejada atrás la pandemia, se le asigne ahora al fondo una cantidad millonaria. El apunte contable llevó al Grupo Popular a elaborar una pregunta parlamentaria. La registró el 27 de septiembre en el Congreso y en ella trasladaba una sospecha evidente: "¿Tiene previsión el Gobierno de utilizar el FASEE para alguna otra operación en el futuro?".
El PP formuló una pregunta parlamentaria: "¿Tiene previsión el Gobierno de utilizar el FASEE para alguna otra operación en el futuro?"
El equipo de Génova recuerda que el Marco Temporal sobre Ayudas Estatales dejó de estar vigente en marzo de 2022, por lo que no estaban previstos nuevos desembolsos por parte del Tesoro. El PP incluye dos preguntas parlamentarias más. En la primera interpela al Gobierno a justificar la aportación patrimonial de los 7.000 millones. Y en la segunda pide a Hacienda que aclare qué parte del fondo está financiada con fondos europeos. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo teme que Moncloa esté planeando desembarcar en otras empresas privadas usando, además, el 'manguerazo' de los Next Generation.
Las sospechas del PP aumentaron más aún al comprobar el siguiente giro de los acontecimientos. En el informe de agosto, publicado el 30 de septiembre, la IGAE dejaba constancia del "reflejo contable de la anulación de las propuestas de pago pendientes por importe de 7.000 millones de euros retenidas en el Tesoro a favor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas". "Esta anulación", añade el documento "es consecuencia de la finalización de la vigencia del Marco Temporal de ayudas de Estado para hacer frente a las consecuencias económicas causadas por el Covid-19, que ha hecho que no resultara necesario dicho desembolso a favor del referido Fondo".
Al equipo económico de Génova le cuesta entender que los técnicos de la IGAE hayan podido cometer un error de tal calibre. Una partida de 7.000 millones llama demasiado la atención como para cometer un desliz en un informe oficial.
Los precedentes invitan a sospechar. Pocos analistas podían imaginar que el Estado regresaría -y a lo grande- al capital de Telefónica. El desembarco se completó el pasado 20 de mayo, cuando la SEPI alcanzó el 10% del operador. La factura para las arcas públicas superó los 2.200 millones. La operación causó regocijo en la coalición, particularmente en el ala que lidera Yolanda Díaz. "Emprendemos de nuevo un camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas. El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país", aseguró la vicepresidenta segunda y líder de Sumar.
