No es de la magnitud de lo que aconsejaron los expertos designados por el Ministerio de Hacienda para asesorarle ni es la reforma fiscal que se ha comprometido con la Comisión Europea, pero el Gobierno prepara una subida de impuestos para el próximo año. Esto le dará más margen de gasto -lo ha topado en el 3,7% en 2025- ante el regreso de las reglas fiscales y podrá empaquetarla como la reforma fiscal que exige el Plan de Recuperación para captar íntegramente el quinto pago de fondos europeos Next Generation (NGEU), por 7.000 millones a fondo perdido.
Entre las medidas que cocina Hacienda, hay dos especialmente polémicas por su impacto en el contribuyente y por su naturaleza: la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y la imposición de IVA a la educación y la sanidad privadas. El primer impuesto, que ingresa cerca de 3.200 millones de euros, está cecido a las CCAA junto al de Patrimonio. Para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha producido un "vaciamiento fiscal de estas figuras" en España porque, primero Madrid y después muchas más regiones, han decidido bonificarlas en torno al 100%.
También está encima de la mesa la subida del IVA a la sanidad y la educación privadas, una medida incluida en la evaluación del gasto que realizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), conocido como Spending Review. El Gobierno asumió en 2017 el compromiso de llevar a cabo un proceso de revisión del gasto público en tres años, que fue encargado a la Autoridad Fiscal. En el Plan de Recuperación, asociado a los fondos europeos NGEU, también se marcó el objetivo de extender los ejercicios de Spending Review hasta la fecha e incorporar de manera más efectiva las recomendaciones, además de reforzar la capacidad de evaluación de la AIReF.
En la revisión del gasto de la Fase II del Spending Review se estudian los beneficios fiscales y, en concreto, la exención de la educación y la sanidad. La evaluación de la AIReF sobre la imposición de IVA a la sanidad y educación privadas fue "no concluyente", ya que advirtió de que "el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público".
Con todo, en el otoño de 2020, en la negociación de los Presupuestos de 2021, Podemos estuvo a punto de arrancarle a Sánchez la imposición de IVA a estos sectores y ahora la exige Yolanda Díaz para dar su aval a los Presupuestos de 2025.
En el estudio de la AIReF se analizan 13 beneficios fiscales con un coste recaudatorio de 35.000 millones de euros. Se analizan otras medidas como el levantamiento de las exenciones del IVA para los servicios financieros (lo que permitiría al Estado recaudar 2.777 millones), poco probable tras el impuesto al sector bancario; o la equiparación de los impuestos entre el diésel y la gasolina (2.537 millones).
Impuesto de grandes herencias
En el caso del Impuesto sobre Sucesiones, se prepara la llamada armonización fiscal, una subida que era un rumor hace un año y que Sumar puso encima de la mesa en enero, cuando reclamó a la ministra de Hacienda en el Congreso un impuesto a grandes sucesores o grandes herencias, que calca el de grandes fortunas y que la vicepresidenta primera entonces rechazó.
Yolanda Díaz ha vuelto a la carga en septiembre en la presentación del programa de Sumar que pide desarrollar si se quiere su apoyo a los Presupuestos de 2025. Reclama crear un impuesto de grandes herencias, descontada la vivienda habitual, para herencias de más de un millón. No parece que vaya a haber reticencias por parte de los socialistas, cuando el pasado junio Montero ya admitió que el Gobierno trabaja en una medida de este tipo.
Cabe suponer que ERC, Podemos y Bildu secundarán la medida, pero que no resultará del agrado de Junts, que concurrió a las elecciones catalanas con la supresión de este impuesto en su programa, o del PNV.
El Gobierno también tiene pendiente la trasposición de la Directiva europea sobre el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para multinacionales. Hacienda ya aprobó una reforma en su legislación interna que entró en vigor en 2022, pero la diferencia es que se aplicaba a la base imponible, mientras que la norma comunitaria exige que se aplique al resultado contable ajustado. Esto elevará previsiblemente la recaudación a través del tipo mínimo (unos 3.500 millones frente a los 538 millones que generó en 2023).
Asimismo, el Ejecutivo ha avanzado su intención de hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas, que vencen el 31 de diciembre. A esto se suma el impuesto a grandes fortunas, ya permamente. También los ingresos que acarreará la retirada de las rebajas temporales de IVA y otras ayudas ante la crisis inflacionista, y los ingresos extraordinarios en el IRPF por no haber deflactado la tarifa. Todas estas medidas elevarán los ingresos de forma estructural, permitiendo empaquetar una reforma fiscal que dé más margen al gasto y desbloquee los fondos UE.
En total, la recaudación puede superar los 20.000 millones. En todo caso, el Gobierno no tendrá fácil la tramitación de este tipo de medidas ante la parálisis legislativa. La fragmentación parlamentaria se ha agravado en los últimos meses.
