Economía

El Gobierno empaqueta una reforma fiscal 'falsa' para evitar recortes y el embargo de fondos UE

El plan fiscal enviado a Bruselas contempla un ajuste de 4 décimas de PIB, en línea con la AIReF, pero el ministro de Economía aseguró que "no habrá recortes"

  • El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informa del cuarto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -

Cerca de 6.000 millones al año, el 0,4% del PIB. Es el ajuste estructural que el Gobierno incluye en el Plan fiscal estructural que el Gobierno envió a Bruselas este martes y que servirá de base para los próximos cuatro años (aunque se extiende durante siete). Coincide con la cifra que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España (BdE) habían planteado.

Este ajuste, combinado con un crecimiento potencial promedio del 1,6% y un deflactor del PIB del 2,4%, harán que el gasto primario neto, la variable sobre la que girarán desde 2025 las nuevas reglas fiscales, crezca un 3% en promedio durante los siete próximos años. Y eso, a su vez, hará que la ratio de deuda pública en relación al PIB se mantenga en una senda descendente hasta 2041.

El ajuste debe aterrizarse en medidas concretas de ingresos y gastos que se desconocen, que el Gobierno no detalla a Bruselas en el Plan fiscal estructural y que se resiste a desvelar ante las preguntas de la prensa. Emplaza al Plan Presupuestario que aún no ha enviado -debería haberlo hecho este 15 de octubre, como cada año- y asegura que remitirá en los próximos meses, cuando logre sacar adelante los Presupuestos.

Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "No habrá recortes". Explicó que el proceso es inverso: el esfuerzo en materia de gasto depende de las previsiones de crecimiento. Y si la economía y la recaudación marchan mejor de lo que se contempla en el Plan, entonces España podrá aumentar el gasto primario neto más de lo previsto.

Para justificar la extensión del Plan -y de los ajustes- a siete años, el Gobierno apela a distintas reformas que tendrán un impacto estructural en el crecimiento y a la consolidación fiscal. Entre ellas está la fiscal, que además de poder contribuir a incrementar los ingresos en los próximos años y ayudar al cumplimiento de las reglas fiscales, también es una condición sine qua non para recibir el siguiente pago de fondos europeos.

Según sus cálculos, ésta tendrá un impacto del 0,3% del PIB en el déficit público. Desde Economía señalan que la estimación de su impacto sólo se incluye para el argumentario de extender el Plan a siete años y no se tiene en cuenta en los cálculos del Plan fiscal. Sin embargo, el ministro ya ha avanzado su intención de hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas, que vencen el 31 de diciembre.

Esto, sumado al impuesto a grandes fortunas, a los ingresos que acarreará la retirada de las rebajas de IVA y otras ayudas ante la crisis inflacionista, a los ingresos extraordinarios en el IRPF por no haber deflactado la tarifa, y a la incorporación de otras medidas fiscales incluidas en el Spending Review de la AIReF, permitirán en el corto plazo elevar los ingresos de forma estructural, dando más margen al gasto.

La reforma fiscal y los fondos europeos

Además, el Gobierno negocia con Bruselas 'convalidar' estas medidas como la reforma fiscal que exige el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que están asociados los fondos europeos. Parte del próximo pago, que el Gobierno asegura que pedirá antes de que acabe el año, con un semestre de retraso, está condicionado a él. Unos 800 millones están en juego.

Si no se cumple en tiempo y forma, España se arriesga a un embargo de este dinero. Tendría entonces seis meses para aprobar la reforma fiscal que pedía Bruselas, más ambiciosa y amparada en el Libro Blanco de los expertos que asesoraron a Hacienda. La creación de la Comisión y hacer una reforma en base a sus conclusiones es un compromiso, en si mismo, que se recoge en el Plan de Recuperación.

Los académicos entregaron a Hacienda este documento, con cerca de 800 páginas, en marzo de 2022. Tal y como esperaba Bruselas y apuntó Hacienda en su día, se hacía especial hincapié en la fiscalidad medioambiental, la imposición en Sociedades, la tributación de la economía digitalizada y la fiscalidad en las actividades económicas emergentes, así como la armonización de la tributación patrimonial. Los expertos han advertido de que nada de esto se ha hecho. 

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