En el plan fiscal estructural que ha enviado el Gobierno a la Comisión Europea esta semana marca una senda de gasto para combatir el déficit público y la deuda. Con la senda planteada, el margen de aumento de gasto en 2025 se limita a cerca de 30.000 millones. Y hay dos partidas que absorben la mayoría del gasto público y que, con las previsibles subidas el próximo año, coparán el 70% del margen prometido a Bruselas: las pensiones y los salarios públicos.
El criterio que marcan las nuevas reglas fiscales europeas es que se debe mantener a raya el gasto primario neto de medidas de ingreso (gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses de la deuda, de programas de la Unión Europea compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la UE, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo) para así reducir el déficit público y mantener la deuda en una senda descendente a largo plazo.
En base a las estimaciones de crecimiento potencial de la economía, el Gobierno ha proyectado un crecimiento del gasto primario neto del 3,7% en 2025. Según los cálculos de Miguel Ángel García, miembro de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, sin limitar a los criterios de la variable, el gasto tendría que crecer un 4% para cumplir la reducción del déficit al 2,5% el próximo año, como marca el plan fiscal.
Esto, advierte el experto, deja poco margen para el resto de políticas públicas, como la sanidad y la propia vivienda, un asunto que ocupa un espacio cada vez mayor en la esfera pública. Las pensiones, que ya cuestan alrededor de 200.000 euros al año fundamentalmente por las revalorizaciones con la inflación en los últimos años, supondrán en 2025 casi 12.000 millones más. En enero se revalorizarán, previsiblemente, entre un 2,8% y un 2,9%, y sólo esto tendrá un coste próximo a los 6.000 millones.
A esto se suman otros factores que hacen crecer el gasto en pensiones: el aumento del número de beneficiarios por las jubilaciones venideras de la generación del 'baby boom', el efecto sustitución que genera el hecho de que las nuevas prestaciones sean más altas, o la mejora progresiva de las pensiones mínimas. Con todo, esta partida ya absorberá el 40% del margen de crecimiento del gasto de todas las administraciones públicas, explica Miguel Ángel García.
Los salarios públicos se comerán otro 30% del margen en el gasto público que deja el plan fiscal para 2025 si se incrementa la dotación en la misma medida que este año, con unos 9.000 millones más de gasto. Los sindicatos negociaron con el Gobierno una subida plurianual del 9,8% en tres años de la que falta un 0,5% condicionado a la inflación a cierre de este año, que previsiblemente se aplicará en enero. A esto se sumaría la subida salarial que acuerde el Gobierno para el año, además de los efectos que generen los movimientos de plantilla.
Subidas de impuestos para aumentar el margen
Pese a la senda que marca el plan fiscal, el Gobierno tiene una manera de sobrepasar el techo puesto al aumento del gasto: aumentar los ingresos de forma estructural. En este sentido, ya prepara una subida de impuestos de 4.500 millones de euros. Para justificar la extensión del Plan -y de los ajustes- a siete años, el Gobierno apela a distintas reformas que tendrán un impacto estructural en el crecimiento y la consolidación fiscal. Y entre ellas está la fiscal que, según sus cálculos, tendrá un impacto del 0,3% del PIB en el déficit público.
Desde Economía señalan que la estimación de su impacto sólo se incluye para justificar la extensión del plan a siete años en vez de cuatro. Sin embargo, el Gobierno ya ha avanzado su intención de hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas, que vencen el 31 de diciembre. Esto se sumará al impuesto a grandes fortunas, a los ingresos que acarreará la retirada de las rebajas de IVA y otras ayudas ante la crisis inflacionista, a los ingresos extraordinarios en el IRPF por no haber deflactado la tarifa, y a la incorporación de otras medidas fiscales incluidas en el Spending Review de la AIReF y el acuerdo entre Sumar y el PSOE.
Además de poder contribuir a incrementar los ingresos en los próximos años y ayudar al cumplimiento de las reglas fiscales, la reforma fiscal también es una condición sine qua non para recibir el siguiente pago de fondos europeos. Parte del próximo pago, que el Gobierno asegura que pedirá antes de que acabe el año, con un semestre de retraso, está condicionado a él. Unos 800 millones están en juego. Si no se cumple en tiempo y forma, España se arriesga a un embargo de este dinero, tal y como informó Vozpópuli.
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