Varapalo al pacto que Pedro Sánchez firmó con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que incluía la venta del cuartel que el Ejército de Tierra dispone en Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián para construir 2.000 'eco-viviendas'. Un juez ha admitido un recurso presentado por Vox que supone la incorporación de las dependencias militares al Catálogo de Patrimonio Urbanístico del Plan Especial de Protección, lo que supone de facto la paralización de cualquier negociación sobre su propiedad. De acuerdo al oficio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al que ha tenido acceso Vozpópuli, cabe recurso contra la decisión judicial.
La noticia saltó en noviembre de 2020. El Gobierno de Pedro Sánchez necesitaba sumar los apoyos de una amalgama de partidos para sacar adelante sus próximos Presupuestos Generales. La decisión del PNV se hizo esperar, hasta que por fin se anunció su voto favorable a las cuentas del Ejecutivo. A cambio, los nacionalistas vascos accedían a su reivindicación histórica de negociar la compra del cuartel del Ejército de Tierra de Loyola.
Se trata de unas instalaciones de grandes dimensiones en San Sebastián, cuyo origen se remonta a 1926. El Ayuntamiento donostiarra, en manos del propio PNV, considera que, por la ubicación y orografía de la ciudad, el enclave militar es el espacio idóneo para erigir 2.000 nuevas viviendas, reduciendo así la presión inmobiliaria de la localidad.
El plan suponía el desmantelamiento de las instalaciones que se erigían sobre un terreno de 20 hectáreas, para construir en él un "eco-barrio" de 2.000 viviendas. Los nacionalistas vascos prometieron una "oferta importante" de viviendas de protección oficial: "La escasez de suelo en Donostia-San Sebastián apto para atender el desarrollo urbano y las necesidades residenciales de la ciudad hace precisa la adquisición, por parte de su ayuntamiento, de los terrenos que en la actualidad ocupan los cuarteles de Loyola", afirmaba el PNV.
De Loyola a la Hípica
El acuerdo irritó a los estamentos militares, toda vez que el cuartel es el hogar del Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia. El Ministerio de Defensa aseguró que se les prometió que se les buscaría una nueva localidad en San Sebastián, si bien el traslado requería la construcción y adecuación de nuevas instalaciones. Por espacio y acomodo, todos los informes apuntaban a que la antigua Hípica sería el lugar elegido.
En concreto, la "enajenación al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loyola" -así rezaba la enmienda del PNV a los Presupuestos que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez- debía culminarse en el ejercicio 2021. Pero el acuerdo definitivo nunca llegó. Entre otros, por el recurso que Vox interpuso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 18 de junio del citado año.
La sala ha estimado parcialmente el recurso de la formación política, que pedía la incorporación del cuartel de Loyola al Catálogo de Patrimonio Urbanístico, lo que supone un nuevo estatus para las dependencias militares. Según el juez, el acuartelamiento reúne los requisitos exigidos para que se le otorgue esta definición: "Vendría no sólo avalado por las periciales que aporta, sino que también lo acredita los informes de la Dirección de Cultura del Gobierno
Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa", asevera el escrito.
Con esta decisión judicial se paraliza por el momento cualquier enajenación del cuartel de Loyola. Su incorporación al Catálogo de Patrimonio Urbanístico blinda las dependencias ante la negociación de compra-venta, por lo que deberán seguir formando parte de la Administración. El Ayuntamiento de San Sebastián podrá interponer un recurso en un plazo máximo de 30 días.
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stoicus
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Parece estar claro quién es el que vela por la presencia del Ejército español en cualquier punto de España. ¿No? Ahora es cuando quiero ver a los vascos a fuer de españoles de Vascongadas cumplidores de sus juramentos, nada de las moderneces traidoras de carlistones y marxistas en pos de enriquecimiento.
Urente
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¿Dónde estaba la PP?
Luzmasluz
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Si una finca fue expropiada para un fin público concreto, si ese fin deja de ser importante para la Administración, los antes expropiados tiene derecho, antes
Luzmasluz
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Si un terreno es expropiado para un fin concreto, por ejemplo, para que sirva de acuartelamiento militar, los antiguos expropiados tiene derecho, - primera opción – a recuperar su propiedad, devolviendo el dinero que cobraron, una vez que la Administración declare que el inmueble no es necesario para tal fin , o si pasan 5 años sin ser utilizado. El Gobierno no puede regalarlo a quien le dé la gana, aunque sea al PNV/Gobierno vasco. Ni siquiera puede cambiar el fin del inmueble, dentro de la propia Administración del Estado. “Fue expropiado para esto, concretamente, y no para otra cosa.”