En Cataluña no se deja de acosar a las lenguas dependiendo del bando político desde el que se mire. Cuando el debate entra en el terreno judicial, sabemos de sobra que es un debate que desgasta, que agota, que es innecesario porque no prevalece lo que debe prevalecer en cualquier centro escolar que es la excelencia educativa. El próximo curso se aventura un calentón descomunal para los directores de las escuelas que, bajo su criterio pedagógico, deberán aplicar cómo se imparte el castellano, si más o menos, en función del tipo de población que tengan. Evidentemente, no es la misma población en Mataró, Arenys de Mar, Santa Coloma de Gramanet que en Olot, Ripoll, o Sant Llorenç de Morunys aunque con seguridad podemos afirmar que en todos estos municipios se habla catalán y castellano, otra cosa es si el nivel es el adecuado.

Al final, lo que cala socialmente es que se buscan problemas donde no los hay y que la política, lejos de luchar por la utilidad, lucha por la supervivencia, su propia supervivencia. Parece que interesa, a juzgar por las horas mediáticas que se dedica a este asunto, poner sobre la mesa que en Cataluña hay un problema con la lengua cuando la lengua no deja de ser una riqueza que desde hace décadas sufre acoso.

Este es el debate de la educación pública porque en la privada no hay debate, se enseñan en simultáneo tres o más idiomas sin que ello suponga ningún problema. Defender el catalán no debe ser solo asunto de independentistas sino de todos, como también debe ser de todos defender el castellano no poner ambos en conflicto.

Quizás el debate sería apostar por lo público, dotarlo de todos los recursos necesarios como, por ejemplo, de los imprescindibles ratios escolares para evitar masificaciones

¿Quién no está de acuerdo en que cuantos más idiomas sepamos mejor? Probablemente nadie porque la abundancia de conocimientos es un beneficio para todo el mundo, pero no todos tienen económicamente acceso a esa situación de privilegio. La hipocresía también va de dinero. Una cosa es defender que en la pública se haga una cosa y luego llevar a la privada a tus hijos para que salgan mejor preparados. Quizás el debate sería apostar por lo público, dotarlo de todos los recursos necesarios como, por ejemplo, de los imprescindibles ratios escolares para evitar masificaciones y que se pueda atender como corresponde al alumnado. Algo básico que no está pasando en nuestros centros públicos.

Mientras la política acuerda in extremis una ley de la lengua similar a la ley de inmersión en la que está de acuerdo el 80% de la Cámara catalana, será el TSJC quién decida si sigue adelante con la imposición legal del 25% del castellano en las escuelas. Acuerdo político para luchar contra este acoso y derribo de unos y otros lo hay, aunque haya sido a última hora. Ahora falta otro acuerdo político que que no dé la espalda a algo que ocurre cada día en nuestros centros educativos, otro acoso que no se está haciendo visible y para el que sería necesario también un pleno específico en el Parlament en el que los políticos legislen, sean útiles, tomen medidas para que ningún niño, niña o adolescente sea víctima de burla por parte de sus compañeros mientras el colegio mire hacia otro lado. Y sea el acosado el que lo sufra en silencio, el que se vea forzado a cambiar de centro, el que pida ayuda psicológica mientras el acosador campa a sus anchas sin recibir reproche ni, menos aún, castigo.

Cuando un niño pega a otro, cuando lo insulta, cuando se burla, cuando se pelean en el patio y nadie interviene escuchamos voces que lo justifican con la típica frase de “son cosas de niños”

Al finalizar la pandemia NACE, la asociación No al Acoso Escolar alertaba de que las denuncias representan una mínima parte de los casos de bullying en las escuelas porque no todos se atreven a denunciar revelándonos la presidenta de la entidad que “en todos los centros escolares, cada día hay casos de bullying”. Cuando un niño pega a otro, cuando lo insulta, cuando se burla, cuando se pelean en el patio y nadie interviene escuchamos voces que lo justifican con la típica frase de “son cosas de niños” como si no tuviéramos que educar desde la infancia en el respeto a los demás y que pegar, insultar o burlarse de otro no es la forma de comportamiento adecuado.

El debate del catalán debería, por el bien de todos, llegar a su fin, alcanzar un acuerdo de máximos en beneficio del aprendizaje, de primar una enseñanza basada en la excelencia no en el sectarismo, de potenciar la riqueza bilingüe que tenemos en Cataluña, Galicia o País Vasco. Con ese acuerdo sobre algo tan vital cómo es el idioma en el que se vive, convive y se expresa en los centros escolares, y fuera de ellos, debería propiciar la consecución de grandes consensos para dotarnos de una escuela pública de calidad, con medios y en la que nadie se sienta perseguido o desplazado.

No hay inclusión que valga sin recursos, unos centros de los que nuestros hijos salgan sobradamente preparados para contribuir a la consolidación de una sociedad más justa y respetuosa, que puedan vivir esos años de aprendizaje sin ningún tipo de acoso ni por la lengua en la que se expresan, ni por su físico, ni por sus dificultades de aprendizaje. Ese acoso, el realmente rechazable, contra el que hay que luchar, sí que debería ponerse en el centro del debate pero quizás no capta la atención de tantos votantes. Cuídense.

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