Llevamos tiempo hablando de una hipotética sociedad “post-liberal”, sin que sea posible aún definir con nitidez sus contornos, sin que su existencia sea aún otra cosa que una profecía más o menos verosímil. Pero no pocos fenómenos parecen caminar en esa dirección. Desde hace más de una década, la sospecha se extiende sobre los órganos de intermediación y las instituciones.

La desafección y las transformaciones sociológicas de los electorados han hecho saltar por los aires no pocos sistemas de partidos en Occidente; y donde no han saltado, han experimentado mutaciones que afectan a la estabilidad del propio sistema, como en EEUU. La crisis financiera de 2007 se cerró en falso en muchos países, y desde entonces se ha mirado en ocasiones con envidia hacia el “orden” y la prosperidad de la gran potencia emergente, China. Al comienzo de la pandemia, esta admiración se hizo más evidente, al tiempo que en nuestras propias sociedades se suspendían los derechos fundamentales con un éxito relativo en la contención de la enfermedad.

Si la última fase del covid y la invasión de Ucrania han puesto de manifiesto que, como suele suceder, las sociedades iliberales actuales manejan mejor la propaganda externa que la gestión real de los asuntos -la vacunación, la guerra-, tampoco puede ocultarse que hay en el propio seno de la Unión Europea varios modelos, no exactamente iguales, cuyos estándares no corresponden al liberalismo occidental que dábamos por canónico. Y que, como decía, incluso en esa supuesta esfera “liberal”, el liberalismo, en el sentido más profundo del término, no parece en avance sino en retroceso.

Vivimos en sociedades del reconocimiento, pero el aparato del estado de bienestar sólo puede aproximarse al “reconocimiento” desde la aplicación diferencial de la ley o desde los presupuestos

La pandemia ha sido el gran experimento natural, pero hay tendencias previas. Por ejemplo, la fragmentación del Derecho en identidades o colectivos. Recientemente, se ha aprobado en el Congreso una Ley de igualdad de trato que incluye , por ejemplo, el “antigitanismo”. La asimetría penal en la Ley integral de violencia de género lleva años discutiéndose. Al margen de los casos particulares, la tendencia está ahí. Vivimos en sociedades del reconocimiento, pero el aparato del estado de bienestar sólo puede aproximarse al “reconocimiento” desde la aplicación diferencial de la ley o desde los presupuestos. Lo primero incentiva la fragmentación del Derecho; sobre lo segundo, puede aventurarse que veremos más enfrentamientos como el que ahora parte al feminismo en pro-trans y terfs; porque, por muy estupendos que nos pongamos con la interseccionalidad y las “luchas complementarias”, al final los presupuestos -y muchas legislaciones ad hoc- son un juego de suma cero.

De la pandemia ya hemos hablado abundantemente por aquí. Aunque fuera por motivos prácticos, de urgencia o por accidente, y no puramente ideológicos o doctrinales, hemos visto decidir sobre derechos fundamentales no ya a las CCAA, sino a comunidades de vecinos. En esta última fase, el Gobierno de la nación parecía estar dispuesto a que las empresas privadas o la EMT fijasen doctrina sobre el asunto, aunque la operación ya resultaba demasiado burda y fracasó. Pero es complicado volver a creer en el Mago de Oz cuando se ha visto al hombrecillo tras la cortina.

Los estados podrán legislar sobre el aborto; y lo esperable es que haya notables diferencias, acordes con la profunda brecha política y sociológica que ya existe entre buena parte de ellos

En cierto sentido, la tormenta que se anuncia con la revisión de Roe vs. Wade en Estados Unidos no es ajena a estas cuestiones. En último término, la decisión afectará a la constitucionalidad de la doctrina sobre el aborto; es decir, si legislar sobre el aborto corresponde a los estados o al Supremo. Si el caso Dobbs modifica la jurisprudencia, los estados podrán legislar sobre el aborto; y lo esperable es que haya notables diferencias, acordes con la profunda brecha política y sociológica que ya existe entre buena parte de ellos. En un asunto menos dramático pero también decisivo, la fiscalidad -y, de forma más general, la orientación del modelo económico- en España también se van configurando bloques autonómicos. Los intentos, o globos sonda, del gobierno socialista con la homogeneización fiscal parecen destinados a estrellarse contra la realidad de unas esferas políticas, sociológicas y hasta económicas fragmentadas.

El caso Roe también deja otra enseñanza. Durante años, la fragmentación post-liberal parecía favorecer ciertas cosmovisiones de izquierdas: el mundo de la identidad, del reconocimiento, del “desbordamiento” de lo institucional, del derecho a la carta… No obstante, el nuevo mundo post-liberal ofrece tantas posibilidades para lo conservador o lo reaccionario como para las izquierdas indefinidas. En España ya tenemos un partido de derecha que abraza sin ambages la identidad y la “cultura”, y el post-liberalismo húngaro o polaco van también en esa dirección. Es más que posible que algunos acaben echando de menos el aburrido mundo del derecho y las instituciones impersonales; tal es la naturaleza de las plegarias atendidas.

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