La Comunidad de Madrid es uno de los grandes focos políticos de nuestro país, solo superado por la inmensidad que supone el Congreso de los Diputados. Aunque solo queda un Pleno, el del próximo jueves 20 de junio, para que los asamblearios se vayan hasta el mes de septiembre de vacaciones, la actividad regional no para.
El pasado viernes, la Mesa de la Asamblea aprobó la comisión de investigación presentada por el GPP para escrutar las actividades de la Universidad Complutense en relación con el supuesto trato de favor que Begoña Gómez y su cátedra recibieron.
En la misma reunión, el órgano madrileño tumbó la propuesta del PSOE de reabrir lo sucedido en las residencias de ancianos durante la pandemia de la Covid-19. Es la tercera vez que los socialistas madrileños no consiguen sacar adelante una comisión así. Una que, a sabiendas de que la mayoría del PP la tumbaría, tenía más ambición en generar ruido que cualquier otro menester.
Pues bien, ayer vivimos el enésimo capítulo de cómo la política autonómica vive en la misma línea que la nacional, saltando a veces una al espacio de la otra sin pudor. Tras la Junta de Portavoces, la última antes de verano, pues el PP ha tumbado cualquier prórroga a los Plenos para el mes de julio, conocimos la nueva estrategia del PSOE para hacer frente a la comisión contra la UCM.
El PSOE estudia acciones legales
Tal y como anunció el portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, el PSOE presentará a la Mesa, una vez recibida la notificación pertinente sobre la aprobación de dicha comisión, "un escrito de oposición a la celebración de esa comisión".
Ya en manos de la Mesa, y cuando esta tome una decisión, y llegue al Pleno correspondiente donde se debata, decidirán si dan o no el siguiente paso. "Si finalmente el PP decide, contra su propio criterio de precedentes, constituir dicha comisión, valoraremos el viernes poder acudir a la vía judicial por haberse saltado todos los precedentes administrativos que han aplicado en casos contrarios cuando hemos ido nosotros".
Estas palabras de Juan Lobato, las cuales pueden sonar con fuerza, puede que lleguen a perderse en la inmensidad del verano. La comisión va a ponerse en marcha, pues ya ha sido aprobada por una mayoría parlamentaria del PP en la Asamblea de Madrid.
Las fechas previstas, como ya hemos comentado, oscilan entre octubre y febrero del año que viene, según se dilaten los procesos. La lista de comparecientes aún no está elaborada, lo que sí sabemos es que el PP tiene intención de sentar a las altas esferas de la UCM, incluido el rector, si así se quiere.
Como dijera Díaz-Pache, portavoz popular en la Asamblea, "lo hacemos para devolver el buen nombre a la Universidad, que se ha visto salpicada por un escándalo que debemos investigar". El aperturismo de la investigación pondrá encima de la mesa, no solo a la Complutense de Madrid, sino también a otros centros adscritos y al resto de cátedras. Hasta el papel del rector, como cabía esperar, será analizado con detenimiento para saber si favoreció o no a Begoña Gómez y sus supuestos negocios.
Quieren conocer si la información destapada sobre el origen de la financiación de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez es la única que se encuentra mal regulada o si existen otras donde se hayan empleado técnicas similares.
En cuanto a las acciones judiciales que pueda llevar a cabo el PSOE contra dicha comisión, o mejor dicho, contra el modo de proceder del PP en la Mesa de la Asamblea, tienen muy difícil que puedan prosperar en el sentido que ellos desean. Pero esto es política, y ya sabemos que solo importa el titular que dejes para los medios de comunicación.
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