La tormenta perfecta que se ha desencadenado en las últimas semanas en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el inusitado desgaste que está experimentando su figura institucional, ha provocado definitivamente que el propio Gobierno se esté desmarcando de él, abandonándolo a su suerte. Al contrario de lo que ha ocurrido en los últimos meses, también en palabras favorables a la gestión de García Ortiz, incluso en boca del propio presidente, Pedro Sánchez, hoy nadie del Gobierno lo defiende en público. “Es el único de todo el aparato próximo a La Moncloa sobre el que nadie del Ejecutivo afirma que es víctima del fango”, sostienen con ironía fuentes fiscales, conscientes de que no solo está en sus peores días como fiscal general, sino que está políticamente amortizado. “Quemado”, dicen textualmente unas fuentes. “Víctima de sí mismo y de su entreguismo”.

Sin duda, ha sido la peor semana de García Ortiz después de que meses atrás la Sala Tercera del Tribunal Supremo desautorizase mediante una sentencia la designación como fiscal de sala de Dolores Delgado, exministra de Justicia del gabinete de Sánchez y amiga personal del fiscal general desde hace años. En aquella ocasión, los jueces sostuvieron que García Ortiz incurrió en “desviación de poder” para nombrarla miembro de la mayor categoría en la cúpula fiscal.  

Lo ocurrido en esta semana ha sido el culmen de un desgaste profesional, pero también personal, inédito en la historia reciente del Ministerio Público. García Ortiz ha visto cómo Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid, admitía ante el juez instructor del Tribunal Superior madrileño encargado de investigar la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue él directamente quien le ordenó por escrito esa filtración. Eso le sitúa al borde de una imputación que previsiblemente, en cuestión de semanas, forzará que el proceso se eleve a la Sala Penal del Tribunal Supremo. Allí se expondría, como mínimo, a una hipotética inhabilitación si llegara a ser juzgado. 

Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo debe decidir próximamente, sin fecha aún determinada, sobre la propia legalidad de su nombramiento. Y su exposición pública de sometimiento a las instrucciones del Gobierno ha llegado al culmen con el enfrentamiento directo a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que han planteado sin ambages que la ley de amnistía no puede ser aplicable a todos aquellos condenados, o en el trance de serlo, por el delito de malversación de caudales públicos.

Básicamente esos fiscales sostienen que numerosos dirigentes independentistas que incurrieron en conductas malversadoras no pueden ser eximidos de todas ellas porque la normativa europea sobre ese delito lo impide. El viernes, García Ortiz dio una orden directa, o bien para que rectificasen esos planteamientos e informaran al Tribunal que la amnistía sí es aplicable en todos esos supuestos, o bien para que se apartasen y él decida quién elabora un informe final desde el Ministerio Público favorable a las tesis del Gobierno. Y de Carles Puigdemont, entre muchos otros.

Más allá de exponerse a un proceso penal en el Supremo —ante el que está aforado— por la filtración supuestamente delictiva de datos del novio de Ayuso, o más allá de su planteamiento favorable a la amnistía, el principal problema de García Ortiz es la percepción creciente, casi unánime, en la carrera fiscal de que su sometimiento acrítico y de ‘obediencia debida’ al Gobierno ha terminado por derruir su figura irreversiblemente. Y también el prestigio del Ministerio Público. La reunión de la cúpula fiscal, casi una treintena de fiscales que deberán expresar su criterio el martes sobre la procedencia legal de ejecutar o no la amnistía, apunta a ser “casi un último servicio a la causa” del Ejecutivo socialista, según otras fuentes. 

Se le percibe, incluso en su entorno cercano en la Fiscalía, acorralado por los escándalos, desgastado anímicamente, y crece la idea de que está en una situación insostenible, más allá de su progresiva soledad. Además, aunque aparentemente García Ortiz podría contar con un número de fiscales de Sala suficientes como para respaldar su tesis favorable a la amnistía, lo previsible es que la Junta se rompa en dos. “Y eso -añaden fiscales consultados por Vozpópuli- añade una imagen añadida de caos y otra muesca más en la reputación de una institución que nunca se vio tan disminuida y carente de credibilidad”.  

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