El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a los fiscales de Sala que se reserven el próximo martes para la posible celebración de una junta en la que se debatirá la postura del ministerio público ante la aplicación o no de la amnistía para Carles Puigdemont y los líderes independentistas.
Después de que los fiscales del "procés", partidarios de no perdonar la malversación, advirtieran al fiscal general de que, en caso de no estar de acuerdo con su tesis, convocara una Junta de Fiscales de Sala, García Ortiz enviará una comunicación a la cúpula fiscal para que se reserven el próximo martes para esta reunión, informan a EFE fuentes fiscales.
Álvaro García Ortiz tiene encima de su mesa un informe de los fiscales que investigaron el "procés", que se oponen a amnistiar el delito de malversacion por ser "improcedente y contraria a las leyes", y abren la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonarlo.
Si el fiscal general no aceptase sus argumentos, avisaron, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada", y a continuación convocar una Junta de Fiscales de Sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
Más de treinta fiscales
A la espera de conocer la postura del fiscal general, García Ortiz ha pedido a los más de una treintena de fiscales de Sala que estén disponibles para el próximo martes, un movimiento que invita a pensar que no comparte los argumentos que le han trasladado los cuatro fiscales del "procés".
En todo caso, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general. Por eso, los fiscales avanzaron que si, tras esa Junta, García Ortiz pretende amnistiar la malversación, debe asumir la causa o designar a otro fiscal para que lo haga, como dicta el artículo 25 del Estatuto, es decir, ellos se apartarían.
Los cuatro fiscales -Ismael Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal- piden dejar fuera de la amnistía la malversación ya que entienden que "la Ley excluye de su aplicación los actos de malversación que implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial".
Y sostienen, además, que esa malversación dentro de un Estado que forma parte de la UE produce "un riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión".
Esto afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.
En relación a los tres últimos, consideran que sus ordenes de detención no pueden ser alzadas, pese a que la ley contempla que deben de ser levantadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE, porque el delito no es amnistiable.
Sí apoyan, en cambio, levantar las cautelares a la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, porque solo está procesada por desobediencia, un delito que sí ven dentro de la amnistía.
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