La Fiscalía del Tribunal Supremo ve "indicios" de que Juan Carlos I reunió su fortuna a través de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", según publica El Mundo. Es la primera vez que el ministerio público se pronuncia respecto al origen de dinero del rey emérito que tenía oculto en paraísos fiscales.
En una comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, y siempre según El Mundo, la Fiscalía asegura que cuenta con "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación" proceden de esta actividad ilícita, por las que el Rey podría haber incurrido en cuatro delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".
El ministerio público expone a las autoridades suizas que tiene abiertas diligencias en las que investiga "hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos" del Emérito, que está aforado ante el Tribunal Supremo. En estas pesquisas, además de tratar de dar con la "procedencia" del dinero no declarado a Hacienda, también indaga la "participación" del Emérito en las operaciones con estas cuantías.
Un año fuera de España
En agosto se cumplió un año del histórico comunicado en el que Juan Carlos I anunció a su hijo, Felipe VI, su salida de España después de que aflorasen los detalles de una donación saudí de 100 millones de dólares en 2008 a su nombre (65 millones de euros al cambio de la época), para lo cual creó en Panamá la Fundación Lucum, cuyos gestores fueron los suizos Arturo Fasana y Dante Canonica. Todo ello sin notificar dicho ingreso millonario a la Agencia Tributaria.
Pasados doce meses, don Juan Carlos sigue instalado en Emiratos Árabes Unidos en un apacible retiro, pero lejos de sus amigos y allegados. A principios de junio barajó la posibilidad de volver a España, una vez que había procedido a las dos regularizaciones fiscales ante la Agencia Tributaria.
Pero finalmente se descartó esa opción precisamente porque la Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando las dos regularizaciones que el monarca ha llevado a cabo desde Abu Dhabi. La primera de ellas fue en diciembre del año pasado, fue de 678.393,72 euros en relación al uso de tarjetas bancarias por parte del Emérito y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. El dinero se depositó ante la Hacienda madrileña al utilizar la vía de la regularización del impuesto de donaciones.
La segunda, en febrero, fue mucho más cuantiosa y ascendió a 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses de demora y recargos. Recurrió a amigos para recolectar el dinero y su declaración voluntaria fue por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, desde antes de la abdicación a mediados de 2014 hasta 2018, cuando ya había perdido la inviolabilidad.
