La CRE (Commission de Régulation de l'Energie, regulador francés, análogo a la CNMC española) acaba de hacer público un minucioso informe, analizando las interconexiones energéticas del país galo, en el que deja clara su estrategia de consolidarse como la piedra angular del sistema energético europeo. Evidentemente, eso pasa por perseverar en el tradicional aislamiento a la Península Ibérica. Este golpe que nos asesta la CRE imposibilita el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado por el gobierno en 2020, reafirmado en 2023 y pendiente de aprobación definitiva. En él se prevé un nivel de interconexión eléctrica con Francia de 8 GW. Sin embargo, la realidad es que actualmente tenemos 2,6 GW, y vistas las intenciones del regulador francés, como mucho alcanzaremos 4,6 GW, si no hay más retrasos en 2028. Es decir, se cancelarían los dos últimos conectores, previstos por Aragón y Navarra, lo que impactaría de lleno en la estrategia renovable del plan español.

¿Por qué son importantes las interconexiones eléctricas?

La Península Ibérica es prácticamente una isla energética. Las interconexiones eléctricas con Europa suman una capacidad muy reducida e insuficiente para el adecuado acoplamiento de los respectivos mercados.

Conceptualmente, una interconexión eléctrica no es más que una infraestructura que une dos sistemas eléctricos transfronterizos. Físicamente, se componen de un cable que puede ser aéreo, subterráneo o submarino. Su objeto es permitir el trasvase de la energía entre los dos sistemas y, en consecuencia, su intercambio comercial. Las ventajas para ambos son notables en seguridad de suministro, resiliencia del sistema en caso de apagón, integración de las tecnologías renovables intermitentes y precios más competitivos. Además, son imprescindibles para la efectiva existencia de un mercado único europeo de la energía.

La estrategia francesa

Francia tiene un parque de generación esencialmente nuclear y numerosas interconexiones con el resto de Europa (España, Reino Unido, Italia, Suiza, Bélgica y Alemania) que suman unos 20,6 GW de capacidad. Esto le ha permitido mantener una posición central con la que garantizar su seguridad de suministro mediante las importaciones y optimizar su sistema exportando los excedentes.

La introducción de las energías renovables y la fuerte inversión que han llevado a cabo España y Portugal en estas tecnologías suponen una amenaza para la centralidad francesa, cuya defensa consiste en aislarnos. En términos energéticos, Europa termina en los Pirineos. Y es que la Península Ibérica es el único territorio de la UE que no alcanza el umbral de interconexión del 10% de la capacidad instalada, objetivo fijado por el Consejo Europeo en 2002, cuya consecución debería haberse culminado en 2020. Por supuesto, del 15% previsto para 2030, ni hablamos.

Es verdad que estas cifras del 10% o el 15% no tienen una base muy científica, sin embargo, es un hecho muy significativo el bajo nivel de acoplamiento de los mercados, lo que demuestra el efectivo aislamiento de nuestro país. En definitiva, el mercado ibérico va por un lado y el europeo por otro. Incluso, a pesar de que España cumple todos los criterios que establece el Reglamento 2018/1999 de Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, para considerar prioritarias sus interconexiones.

Además, las diferencias de precios son tales que producen elevadas rentas de congestión (diferencial de precios a un lado y a otro de la interconexión). Esto supone que las subastas de capacidad (precio a pagar por el uso del conector) se asignen con primas elevadas; importes que pueden aplicarse a la financiación de la infraestructura, como así está previsto en la normativa europea.

¿Dónde está la trampa?

La trampa está en que toda interconexión debe superar un análisis de coste beneficio (CBA por sus siglas en inglés). Pero ¿por qué no se sale el CBA positivo si, según lo que acabo de explicar, los beneficios son tan abultados? Porque Francia pone unas exigencias a los proyectos que los encarecen estratosféricamente. Veamos dos ejemplos.

La última interconexión puesta en servicio fue la Santa Llogaia (España)-Baixas (Francia). Se trata de dos circuitos, de 1 GW cada uno, soterrados durante 64,5 kilómetros de longitud, incluyendo un túnel 8,5 kilómetros que atraviesa los Pirineos. Costó más de 700 millones de euros, frente a los 70 millones que hubiera costado una línea aérea ordinaria. El argumento esgrimido por Francia fue reducir el impacto ambiental.

¿De verdad tenemos que creernos que dos zanjas de 56 kilómetros de longitud, 3 metros de ancho y entre 1,5 y 15 metros de profundidad, más un túnel de 8,5 kilómetros, que atraviesa la cordillera, tiene menos impacto ambiental que una línea aérea? ¿Cuánta tierra se movió? ¿Cuántas toneladas de cemento de usaron? La línea aérea, por cierto, hubiera supuesto un cortafuegos permanentemente mantenido y vigilado. Además de toda esta obra, como las líneas subterráneas han de ser de corriente continua, hay que instalar a cada lado dos unidades conversoras que ocupan cuatro hectáreas cada una y que, vaya por Dios, no pueden ser soterradas. Pese a todo ello, esta infraestructura, pasó el examen del CBA y fue puesta en servicio comercial en el año 2015.

No podemos permitirnos este aislamiento. Además de las implicaciones para la seguridad de suministro y de formar parte efectiva del mercado europeo, necesitamos tener la vía para evacuar los excedentes

Vayamos ahora con el segundo ejemplo, proyecto todavía en curso. Se trata de una mastodóntica infraestructura que une Gatika, en la costa de Vizcaya con Cubnezais, cerca de Burdeos. Consta, también, de dos líneas de 1 GW de capacidad, cada una, con una longitud total de 400 kilómetros, de los cuales 300 son submarinos y 100 subterráneos. A cada extremo, sendas conversoras, con una ocupación de 5 hectáreas cada una, ya que los cables submarinos también funcionan en corriente continua. Casi el 90% transcurre por territorio francés, pues la debilidad de su red impide la absorción de toda esa energía más cerca de la frontera. Al igual que en el caso anterior, se amparan en la excusa del impacto medioambiental, aunque lo cierto es que la obra proyectada tiene, a todas luces, un impacto mucho mayor.

En 2017 esta obra se presupuestó en 1.750 millones de euros, precio que en 2023 ya ascendía a 3.100 millones. Cosas de la inflación, dijeron. Y, claro, ya no salía el CBA. La solución adoptada consiste en que, a pesar de que Francia es la responsable de la carestía del proyecto por sus exigencias y sus deficiencias de red, España asume una mayor parte del coste de la infraestructura, mientras que Francia se queda con la mayor parte de la subvención comunitaria. Los beneficios por rentas de congestión, eso sí, se reparten al 50%.

¿Qué necesita la UE y qué necesita España?

Más allá del incumplimiento de los compromisos europeos y de la imagen de país relegado con la que se queda España, estas decisiones, que nos perjudican y que no siempre peleamos adecuadamente, tienen graves consecuencias; y no solo para nosotros. La UE necesita mejorar su competitividad y tras el conflicto ruso-ucraniano ha perdido una importante fuente de energía barata. El nuevo gobierno europeo va a tener que replantearse seriamente la estrategia energética comunitaria y si quieren descarbonización, seguridad de suministro y costes competitivos, no le va a quedar más remedio que forzar a Francia a abrir las fronteras energéticas con España.

Por nuestra parte, no podemos permitirnos este aislamiento. Además de las implicaciones para la seguridad de suministro y de formar parte efectiva del mercado europeo, necesitamos tener la vía para evacuar los excedentes. Nuestra capacidad renovable ha llegado al punto de saturación en nuestro territorio; sin embargo, constituiría un magnífico vector de descarbonización y de competitividad para Europa. Ni que decir tiene que económicamente supondría una sólida aportación a nuestra balanza de pagos y que constituye un elemento decisivo para alcanzar el equilibrio del trilema energético.

Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA

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