El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación por el ciberataque denunciado por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, y sus abogados. Según confirman a Vozpópuli fuentes jurídicas, y ha avanzado ABC, el juez Peinado entiende que los hechos denunciados "revisten los caracteres de presunto delito" de revelación de secretos, por lo que conviene la apertura de diligencias previas.
El magistrado añade que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han procedido" los hechos denunciados "revisten los caracteres de presunto delito" de revelación de secretos, por lo que es conveniente la apertura de diligencias previas. Ahora, el magistrado ha citado a declarar al perito contratado por los abogados de González Amador el próximo 14 de noviembre, a fin de esclarecer las anomalías técnicas encontradas por este experto y que desencadenaron en la presentación de una denuncia.
El informe elaborado por este perito informático determinó que el pasado 2 de abril el despacho de abogados sufrió un "ciberataque" que afectó a varios correos electrónicos intercambiados por los letrados con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según la denuncia, las cuentas vinculadas al abogado penalista del empresario y a su asesor fiscal recibieron en la mañana del 2 de abril un correo electrónico enviado desde el correo personal de Alberto González Amador, dicho mensaje fue respondido, y horas después, dichos emails desaparecieron de los sistemas informáticos. Seis horas más tarde, volvieron a aparecer. Esto hizo saltar las alarmas entre el equipo jurídico que asesora al empresario investigado por fraude fiscal por el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid.
La fecha del presunto ciberataque informático coincide en el tiempo con la presentación de una querella en el Tribunal Superior de Justicia por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento. El Ministerio Público difundió una nota de prensa en la que se publicaban algunas de las comunicaciones entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal del caso.
La responsabilidad de la publicación fue asumida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la que ahora la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles abrir una causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos. El alto tribunal ha declarado también su competencia para investigar a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien presuntamente envió al fiscal general los datos de la pareja de la presidenta madrileña para que redactara la nota de prensa.
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