Amnistía Internacional considera que el inminente ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía es "injusto y desproporcionado" y ha lanzado una nueva campaña con C.Tangana para exigir la reforma del Código Penal y que no se persiga la libertad de expresión.

Una iniciativa que pone en marcha unos días antes de la entrada en la cárcel del rapero y tras conocerse la intención del Gobierno de querer modificar el Código Penal para amparar la libertad de expresión en manifestaciones artísticas.

"Nunca he escuchado la música de Pablo Hasel, pero no hace falta escuchar su música ni estar de acuerdo con sus letras para darse cuenta de que meterle en la cárcel es una locura", dice C.Tangana en el anuncio, en el que subraya que Amnistía lleva años pidiendo que se modifiquen las leyes que permiten estos "encarcelamientos injustos".

El artista acaba pidiendo que se firme la petición de la organización para "cambiar esta situación" y que se reforme el Código Penal para que deje de perseguir la libertad de expresión.

Para el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser "desagradable o escandaloso".

"Leyes injustas"

"No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas", remarca Beltrán.

Lamenta además que Hasel no es el único que sufre las consecuencias de "leyes injustas", ya que a muchos otros artistas, periodistas o activistas les han impuesto "cuantiosas multas o largos periodos de exclusión del sector público".

"Y una consecuencia intangible pero triste para nuestra sociedad: la autocensura por miedo a sufrir la represión", asevera el director. En los últimos años se ha reducido "drásticamente" el número de personas condenadas por enaltecimiento del terrorismo a través de redes sociales: se ha pasado de 35 en 2016 a solo una en 2020. En 2019 se celebraron nueve juicios en España por este tipo de delito.

A falta de conocer los detalles sobre la reforma anunciada por el Gobierno, Amnistía incide en que el Código Penal debe alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos y penalizar sólo las expresiones que incitan de forma directa a la violencia.