Tres días han pasado desde que se dio a conocer el fallo del caso Nóos. Seis años y tres meses para Iñaki Urgandarin y la absolución para la infanta Cristina. "La infanta está muy contenta, pero preocupada por su marido", ha admitido este lunes el abogado de la hermana del Rey, Pau Molins. Por ahora, ha dicho el letrado defensor, la infanta mantiene "esperanzada en que el trámite casacional mejore la situación de su marido".
Cristina se encuentra en Ginebra, donde este lunes reanudó su vida habitual, al salir a las 07.25 hora local (06.25 GMT) de la residencia en la que vive con su familia. Fue recogida por un automóvil en la puerta de su casa, de la que salió sola. Al ver a un periodista que le preguntó cómo se sentía tras la sentencia, sonrió levemente y dijo "buenos días", después entró rápidamente en el vehículo, según relata Efe.
Ante los titulares y el revuelo social, Molins ha recordado durante su intervención en Los Desayunos de La 1 que la infanta ha sido absuelta. "Miren en la sentencia y no mirarán la palabra condenada. Se trata de un resarcimiento civil", ha añadido el abogado, quien ha insistido en que "es indiferente lo que supiera o dejara de saber la infanta".
El tribunal de Nóos considera que el solo hecho de que la infanta Cristina fuera socia con su marido de la empresa Aizóon no significa que haya participado en el delito fiscal que cometió, ya que "para ser partícipe de un delito contra la Hacienda pública se requiere una acción consciente dirigida a la defraudación".
"Ella era socia de una sociedad de la que no tenía poderes, no tiene ninguna responsabilidad. Eso estaba claro desde el minuto uno", ha subrayado Molins en La 1.
Sobre la posibilidad de un ingreso inmediato de Urdangarin a la cárcel, el abogado de la infanta ha asegurado que es una situación "absolutamente inhabitual" y que penas como estas -de 5 años, 7 años-, "no se deben ejecutar hasta que la sentencia no sea firme".
Ahora, la Justicia tendrá que devolver a la infanta Cristina 372.000 euros, la diferencia entre los 587.000 euros que le reclamó el fiscal Pedro Horrach y ya pagó en diciembre, y la condena actual: 265.088 euros. Según las cuentas de Molins, sin embargo, serán unos 800.000 euros.