“Hablamos por teléfono. Me comenta que se encuentra bien, tranquila. Nos felicitamos las pascuas”. Esta es la última anotación que el subinspector Miguel Ángel Serrano escribió el pasado diciembre en la ficha de control que lleva sobre Marta (nombre ficticio), una de las 32 mujeres maltratadas que están bajo su protección directa, de las más de 250 que lo han estado a lo largo de los cinco años que lleva destinado en la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de Alcalá de Henares (Madrid), que integran quince policías que han debido realizar un curso de habilitación para formar parte de ella.
Él está al mando de dos de esos funcionarios, Sara y Ana, como miembros de la Sección de Protección (hay otra de Investigación), encargada de evitar que las mujeres víctimas de violencia que tienen una orden de protección del juzgado puedan ser agredidas por sus parejas sentimentales. Una especie de ‘ángeles de la guarda’ encargados de velar por su seguridad las 24 horas del día los 365 días del año. “Las protecciones se prolongan al menos por espacio de dos años, aunque ahora acaba de entrarnos el caso de una mujer a la que el juez ha acordado su protección hasta el año 2030 por un intento de asesinato –dice Serrano-. Es mucho tiempo de contacto personal con las víctimas, lo que hace que en ocasiones se establezcan relaciones de amistad con ellas. Para hacer bien nuestro trabajo es imprescindible que se cree un ambiente de confianza entre ambas partes”.
Las protecciones a mujeres amenazadas se prolongan por un tiempo mínimo de dos años
En este momento, los tres funcionarios encargados de esta tarea en Alcalá tienen asignadas 107 víctimas, a razón de entre treinta y cuarenta cada uno. 120 mujeres más son protegidas por la policía local, con la que la policía nacional tiene suscrito un convenio para compartir esta función. Esas 227 mujeres son una muestra de las 28.823 a las que los tribunales acordaron tutelar durante el pasado año. Una medida que llegó a afectar a 41.081 víctimas en 2009. Muy por debajo, en cualquier caso, de las denuncias presentadas por violencia de género, que en los últimos años han superado las cien mil (108.638 en 2016 según datos del Consejo General del Poder Judicial a septiembre de dicho año).
La tarea de estos ‘ángeles de la guarda’ se inicia cuando el Juzgado de Violencia de Genero de Alcalá de Henares acuerda medidas de protección para una víctima, que además de una orden de alejamiento y de comunicación para el agresor conlleva un seguimiento policial. “El primer paso es convocarlas a comisaría para conocernos físicamente y tener una primera entrevista, que procuramos sea distendida –continúa Serrano su relato-. Conocemos el atestado policial y sus declaraciones, en las que figuran todas sus circunstancias personales, y ya no es necesario que nos vuelvan a contar nada sobre las agresiones. Tratamos de que se sientan seguras e implicadas en el plan de protección. No podemos acompañarla las 24 horas del día, pero queremos que se vayan con la sensación de que estamos pendientes de ellas de manera permanente y las facilitamos nuestros números de teléfonos para que nos llamen en cualquier momento que lo crean necesario. Por lo general, entran preocupadas y salen con una medio sonrisa”.
Si el riesgo de amenaza es extremo los policías encargados de la protección de la víctima mantienen contacto con ella cada 72 horas
Lo que viene después es intentar volver a recuperar el ritmo de vida diario, las obligaciones del trabajo y, sobre todo, superar el miedo. “A partir de ese primer encuentro hay casos en los que las acompañamos al juzgado, a gestiones de carácter asistencial o administrativo, o al colegio a recoger a los hijos. En otras ocasiones nos llaman para decirnos que creen haber visto a su marido en las inmediaciones de su domicilio y mandamos un coche patrulla para que se queden tranquilas. En los casos en los que el riesgo es bajo solemos ponernos en contacto con ellas por teléfono al menos una vez cada dos meses, si el riesgo es medio cada mes, si la amenaza es alta, cada semana, y en el caso de riesgo extremo contactamos con ellas al menos cada 72 horas. Además, y de manera periódica, mantenemos nuevas entrevistas personales para evaluar su situación. En aquellos casos en que la valoración de riesgo es alta llamamos a los agresores por teléfono, con el consentimiento previo de la víctima, para explicarles las consecuencias de incumplir las medidas cautelares dictadas por el juzgado. Si el agresor ha ingresado en prisión tenemos información puntual de cada permiso que pueda disfrutar y del momento en que cumple su condena, que les comunicamos a sus víctimas. Todo, cada gestión, por pequeña que sea, queda registrada”.
El inspector Delfín Boada, de 55 años, lleva al frente de la UFAM de Alcalá de Henares desde su creación 2008 (entonces se denominaba Servicio de Atención a la Familia-SAF) y por su despacho han pasado miles de mujeres víctimas de violencia de género a cargo de sus parejas sentimentales. La unidad se responsabiliza también de la violencia entre padres e hijos, contra las personas mayores, de los delitos sexuales y de los menores desamparados o desaparecidos. “Desde que se creó la unidad las denuncias por violencia de género se han incrementado cada año, posiblemente porque los malos tratos han ido dejando de ser un delito oculto y las medidas adoptadas para animar a que la mujer denuncie se han multiplicado, y es ahora cuando empiezan a estabilizarse. El año pasado registramos 333 en el municipio, prácticamente una diaria”, explica Boada, para quien “no existe un perfil de maltratador, los hay de todas las clases sociales y, curiosamente, hasta no hace demasiado el 50% eran extranjeros, cuando es obvio que ese porcentaje no se corresponde con la población foránea que vive en Alcalá. Actualmente el 60% son españoles y el resto de otra nacionalidad”.
Inspector Boada: No existe un perfil de maltratador, los hay de todas las clases sociales
La unidad dispone de unas dependencias con un despacho en el que se toma declaración a la víctima para preservar su intimidad. “Cuando una víctima llega a la comisaría pasa directamente a nuestras dependencias. Muchas vienen destrozadas, pero hay algunas que demuestran una fortaleza tremenda. Aquí se las acompaña a la casa de socorro, aunque no presente lesiones, para que un facultativo deje constancia de su estado y, ya de vuelta, se le ofrece la posibilidad de ser atendidas por un abogado de oficio (en Alcalá hay uno para víctimas y otro para detenidos por violencia de género). El abogado se entrevista con ella para orientarla, y a continuación la tomamos declaración. Finalmente, y en función de las circunstancias, les ofrecemos la posibilidad de alojarse en una casa de emergencia”.
Las preguntas del interrogatorio están protocolizadas para no dejar ningún cabo suelto y recabar de la víctima información personal, tanto de ella como de su agresor, y de la situación familiar, además de recoger el relato de hechos sobre lo ocurrido. “Tras su testimonio comprobamos si ha habido denuncias anteriores, si el agresor tiene licencia de armas, en cuyo caso se la retiramos, y hacemos una valoración de riesgo introduciendo todos los datos recabados en un programa creado al efecto, Viogen, que nos dirá si el riesgo es no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, aunque es el funcionario quien tiene la última palabra sobre esa valoración, en función de la cual actuamos. Si la gravedad del caso lo requiere procedemos a la detención del agresor. El año pasado lo hicimos en 235 casos”.
Los casos más graves se tramitan en apenas dos días, en juicios rápidos en los que víctima y agresor deben comparecer ante el juez
En el caso de Alcalá, en un 43% de las denuncias presentadas durante 2016 no se apreció riesgo para la denunciante, en un 34% el riesgo era bajo, un 16% presentaba riesgo medio, un 5% alto y sólo un 1% un riesgo extremo. Los casos más graves se tramitan en apenas dos días, en juicios rápidos en los que víctima y agresor deben comparecer ante el juez de violencia de género de la localidad, que será el que adopte las medidas que considere adecuadas, desde el ingreso en prisión del acusado a la concesión o no de una orden de protección para su pareja. Sólo el año pasado se celebraron 313 de estos juicios rápidos en la localidad. En los casos leves, como pueden ser las víctimas de vejaciones o insultos, las vistas orales se demoran más en el tiempo.
“En Alcalá de Henares no hemos tenido ningún asesinato, pero sí tres tentativas –relata Boada-. En la última de ellas el agresor se coló a través de un patio en la vivienda de su expareja y esperó a que regresara de dejar a su hijo en el colegio, momento que aprovechó para apuñalarla hasta en siete ocasiones. Afortunadamente, la mujer pudo salir a la calle y él escapó. Con la ayuda de los vecinos conseguimos recuperar el arma, que había arrojado en su fuga, y el mono de trabajo que llevaba puesto, que había tirado en un contenedor. Finalmente fue detenido”.
Actualmente hay en España 173 unidades UFAM integradas por 1.700 funcionarios de policía. Su creación se remonta a diciembre de 2015, con la fusión del antiguo Servicio de Atención a la Familia (SAF), creado en 2000, cuya función era la investigación y persecución de los delitos cometidos en el ámbito familiar y contra la mujer, y las Unidades de Prevención Asistencia y Protección (UPAP), creadas en 2003, que tenían asignada la protección de las víctimas en materia de violencia de género. De la importancia de estas unidades da cuenta que en los últimos catorce años (desde 2003) se han registrado 870 víctimas por violencia de género, más que las ocasionadas por 50 años de terrorismo de ETA. 2008 fue el año que registró un número más elevado de mujeres asesinadas (73), y 2016 el que menos (44).
Estadística
El último boletín estadístico anual de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, correspondiente al año 2015, contiene los datos desglosados de este tipo de violencia. Ese año se registraron 60 víctimas mortales, de las que tan solo 13, el 21,7%, habían denunciado a su pareja, y 4 de ellas (6,7%), contaban con medidas de protección en vigor. El 63,3% de las víctimas habían nacido en España, el 20% tenía entre 21 y 30 años y el 15% más de 64. En el 66,7% de los casos existía convivencia entre la víctima y el agresor, mientras que en el restante 53,3% la relación entre ambos era de pareja. Por lo que se refiere a los agresores, 7 de cada 10 habían nacido en España y 1 de cada 3 tenía una edad comprendida entre los 31 y los 40 años. El 10% de los agresores tenía más de 64 años. El 26,7% de los agresores se suicidaron. Como consecuencia de todas estas agresiones 51 menores quedaron huérfanos.
En lo que va de año se han registrado ya dos víctimas mortales por violencia de género, las dos el pasado día 1. En Rivas Vaciamadrid (Madrid) una mujer de 40 años fue apuñalada por su pareja, un joven colombiano de 20. La pareja convivía pese a que desde noviembre del año pasado existía una orden de alejamiento a raíz de una denuncia por malos tratos. Otra mujer, en este caso de 24 años y nacionalidad peruana, se precipitó desde el cuarto piso de un edificio en el distrito madrileño de Hortaleza, cuando en su interior se encontraba su pareja sentimental, sobre la que pesaba una orden de alejamiento de otra mujer. A raíz de ambos sucesos tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, reclamaron la urgencia de un pacto de Estado contra la violencia de género.
