La Audiencia Nacional ya pidió en el mes de julio del año 2016 datos sobre facturas de la época de Ignacio González, lo que hace presumir que el juez Eloy Velasco llevaba ya tiempo trabajando en la trama que ha terminado con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid. Ese mes, personas relacionadas con ese tribunal preguntaron a uno de los colaboradores del expresidente, que continúa en un cargo público, datos sobre facturas de cuando trabajó para el Gobierno regional.

Se da la circunstancia que en la época en la que González era consejero de Presidencia de Aguirre estaban funcionando tres tramas diferentes en la Puerta del Sol: ‘Gürtel’, con Alberto López Viejo; ‘Púnica’ con Francisco Granados, y ‘Lezo’ con Ignacio González.

Parece que cada uno tenía su sector y no se pisaban los ‘trabajos’, pero era muy conocida ya la forma de trabajar, por ejemplo de López Viejo, trocear los contratos para no tener que pasar por los filtros de los concursos.

Parece que uno de los detonantes de la operación que ha terminado con González en la cárcel fue la presentación en la Fiscalía del informe sobre las irregularidades en el Canal de Isabel II. Este hecho se produjo en mayo de 2016 y las peticiones de información a cargos públicos se produjeron en julio del mismo año.

Las denuncias

José Manuel Fornet, que fue secretario general del SUP, fue una de las personas que denunció el ático de González y ha criticado constantemente la actuación del Gobierno y de los responsables de Interior por este asunto.

Fornet recuerda que Agapito Hermes, que era el comisario jefe de Marbella, fue trasladado a Madrid por el ministro Jorge Fernández tras la primera investigación. El ministro llegó a afirmar, como lo hizo el propio González, que fue una actuación ilegal. El secretario general del SUP, que se solidarizó con sus compañeros, comenzó a tener problemas entonces, incluso dentro de su sindicato.

Fornet denuncia que el director general de la Policía, Ignacio Coisidó, también le pidió que el SUP dejara las denuncias contra el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

El sindicato también envió un escrito a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, al Congreso de los Diputados, Fiscalía Anticorrupción, así como a la Agencia Tributaria y a José Enrique Rodríguez, que entonces era comisario general de la Policía Judicial. Rodríguez se puso a trabajar y el Gobierno lo cesó al poco tiempo.

El exsecretario general del SUP está satisfecho de que finalmente se haya encontrado la trama y que las escuchas que se practicaron a González hayan permitido la detención de quienes presuntamente estaban cometiendo delitos constantemente.