La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) entregó el pasado día 18 al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, un documento en el que se enumeran doscientos indicios que, en su opinión, justifican la ilegalización de Sortu, la actual formación de la izquierda abertzale, y de Bildu y Amaiur, las coaliciones electorales en las que participa en el País Vasco y Madrid. Se trata, fundamentalmente, de una recopilación de declaraciones de sus dirigentes recogidas en los medios de comunicación y de actividades llevadas a cabo por cada una de las formaciones.
Carmen Ladrón de Guevara, letrada de la AVT que se ha hecho cargo de la compilación de datos, manifestó a Vozpópuli que el documento entregado al Fiscal General del Estado es una actualización del que en su día facilitaron a su antecesor en el cargo. “La idea era trasladarle una situación que nos preocupa, y es que se ha normalizado algo que no es normal: que los que aplaudían a ETA estén en las instituciones participando del juego democrático sin haber hecho autocrítica ni renunciado a su pasado. Las expectativas de que la fiscalía haga algo son pequeñas, pero no por ello vamos a dejar de denunciar esta situación ni a dejar de recoger indicios para instar la ilegalización de todas estas formaciones”.
La petición se sustenta en el artículo 9.3 de la Ley de Partidos y en las 'líneas rojas' que el Tribunal Constitucional marcó a Sortu con su legalización
La petición se sustenta en el artículo 9.3 de la Ley de Partidos de 2002, que explicita los supuestos en los que se puede instar la ilegalización de una formación política, y en las ‘líneas rojas’ que el Tribunal Constitucional (TC) marcó a Sortu cuando aprobó su legalización en 2012, entre las que figuraba el enaltecimiento del terrorismo, la humillación de las víctimas, la ambigüedad en la condena del terrorismo, la equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que en un Estado de Derecho se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, o la comparación del sufrimiento de las víctimas con el de los presos de la banda condenados por actos terroristas, entre otras.
El documento entregado a la fiscalía enumera los nueve epígrafes que la Ley de Partidos considera susceptibles de ser tenidos en cuenta para ilegalizar a un partido, y relaciona con cada uno de ellos las actividades desarrolladas por Sortu, Bilbu y Amaiur desde 2011. Y lo mismo hace con la sentencia del TC. Así, entre las conductas que vulnerarían la Ley de Partidos la AVT cita, entre otras muchas, la negativa de Bildu a participar en una moción de condena del terrorismo aprobada por el ayuntamiento de Ermua en julio de 2007, y de otras de condena a ETA en los municipios de Alsasua (Navarra), Getxo (Vizcaya) y Rentería (Guipúzcoa) ese mismo mes; la ausencia de Amaiur del homenaje a las víctimas en el Congreso celebrado en junio de 2012, o las críticas de Pernando Barrena, dirigente de Sortu, a las asociaciones de víctimas en octubre de 2013.
Asesores y dirigentes.
La AVT considera también que las citadas formaciones habrían infringido la ley al contratar como asesores en muchos ayuntamientos a antiguos miembros de Batasuna (Bildu) como Xavier Olano, Iñaki Errazkin o Zigor Echeburua, por citar tres de ellos, o la inclusión en la dirección de Sortu de miembros vinculados con “organizaciones ilegales por su carácter terrorista”, como Arnaldo Otegi, Amaia Izko o Joseba Permach, entre otros. Las víctimas del terrorismo recogen también entre la documentación la colocación en el balcón del ayuntamiento de Bera (Navarra) de una bandera a favor de los presos de ETA con motivo del txupinazo de las fiestas de la localidad, la distinción honorífica a una etarra por el ayuntamiento de Rentería, las ayudas a los presos de la banda terrorista aprobadas por el municipio de Andoain, las críticas a la extradición de etarras por parte de Francia y a la política de dispersión, o la campaña para suprimir la figura del delegado del Gobierno en el País Vasco.
En cuanto a las ‘líneas rojas’ marcadas en su día por el TC la documentación alude a la toma de posesión de 2011 de Martín Garitano como diputado general de Guipúzcoa en representación de Bildu, en la que equiparó “a víctimas y verdugos”. Una equiparación que volvería a hacer dos meses más tarde. También recoge la negativa de Arnaldo Otegi a condenar la violencia a su salida de prisión, la acusación de Sortu al Gobierno de ser “enemigo de la paz” por detener a una etarra, o a la Guardia Civil de ser “la única amenaza armada en Euskal Herria”.
