Si bien las comisiones de investigaciones parlamentarias no pueden convertirse en tribunales paralelos ni realizar injerencias en procesos judiciales en marcha, una de sus finalidades suele ser elevar las conclusiones de los trabajos a la Fiscalía para "el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas" (artículo 52 del Reglamento del Congreso). Sin embargo, la Comisión de la quiebra de las cajas que ha arrancado este jueves en la Cámara, tras su constitución hace algunas semanas, no dará prioridad a esta colaboración con el Ministerio Público, sino que tendrá más bien un carácter "constructiva". Éste es el sentido que quiere darle la diputada Ana Oramas (Coalición Canaria), afirma fuentes de la Presidencia de esta Comisión. Las mismas justifican esta postura afirmando que "la mayoría" de los casos a tratar "están ya en los tribunales".
De este modo, y aunque a una comisión de investigación de este tipo no corresponde dirimir responsabilidades penales, sino políticas, esa contribución a la Justicia mediante la remisión de las conclusiones a la Fiscalía no se espera que sea especialmente amplia o extensa. En los pasillos del Congreso, a la salida de la reunión de la Mesa y portavoces de esta Comisión, Oramas ha asegurado este viernes que se dirimirán responsabilidades políticas en este órgano, pero también ha recalcado que "el Pleno y los ciudadanos quieren saber qué se hizo con los 50.000 millones que costaron (las cajas), el papel que juegan los órganos reguladores; qué se va a hacer con la protección de los clientes en cuanto a productos financieros y las sentencias que ha habido y si el actual sistema financiero tiene todavía debilidades o disponemos de la legislación adecuada".
Oramas ha convocado a la Comisión para el próximo 12 de junio con la intención de que en dicha cita quede definido un plan de trabajo, con un calendario de comparecencias que podrían iniciarse en junio o a más tardar en julio. El PP ha expresado su deseo que tales comparecencias comiencen cuanto antes, mientras que los grupos minoritarios, con menos diputados y una agenda más apretada, han pedido algo de tiempo para poder estudiar en detalle la documentación solicitada a la Cámara sobre otros trabajos anteriores que ya se han seguido en ella al respecto.
La prioridad, según Oramas, es definir la lista de autoridades internacionales que se quieren llamar, porque si se pretende citar al presidente del BCE o la directora del FMI, será necesario cursar con mucha antelación las correspondientes invitaciones. De ello ha sido advertida por la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor. No obstante, como ha reconocido Oramas, estas autoridades internacionales no están en obligación de comparecer, a diferencia de las personalidades que sí tiene nacionalidad española.
Los grupos dan por hecho que serán citados a los responsables económicos de los gobiernos desde el año 2000 (ministros y secretarios de Estado), los dirigentes de los órganos supervisores (Banco de España, CNMV), los gestores de las cajas rescatadas (Bankia, Catalunya Caixa, Caixa Galicia, CCM...) y de otras entidades financieras.
El formato que genera más consenso es el de interrogatorio judicial, es decir, el de pregunta respuesta, y los cinco bloques temáticos serán: uno sobre la salida a Bolsa de Bankia, un segundo sobre las causas de la crisis, otro sobre la transparencia y la protección de los clientes de productos financieros, otro sobre la gestión de los organismos de supervisión y un último sobre las fortalezas y debilidades del sistema financiero.
