Según consta en el informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones de junio del pasado año, Convergència Democràtica de Catalunya, perdió algo más de 700.000 euros al no lograr grupo parlamentario propio en el Congreso tras las elecciones generales de junio de 2016. Su cuenta de campaña acabó con menos de 16 euros, con lo que tuvo que recurrir a sus fondos ordinarios para pagar a proveedores, incumpliendo así la legislación electoral. Tras esos comicios, CDC se transformó en el actual Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).
Según el tribunal de Cuentas, la entonces Convergència declaró 703.710,92 euros en gastos para envíos gratuitos de propaganda electoral, que contaban con los parabienes de la institución fiscalizadoras para ser sufragados con la subvención correspondiente del Estado. Pero una de las condiciones que impone la legislación para recibir esa subvención es haber conseguido grupo parlamentario propio en el Congreso, y Convergència no lo consiguió porque no cumplía todos los requisitos que establece el Reglamento del Congreso, con lo que Francesc Homs y el resto de sus diputados fueron a parar al Grupo Mixto.
La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda señala además que la cuenta creada por la formación independentista para hacer frente a sus gastos de campaña acabó con un saldo de 15,91 euros cuando todavía tenía pendiente el pago de facturas por valor de 2.705,45 euros, con lo que deberá usar dinero de sus cuentas corrientes de la actividad ordinaria, lo que incumple el artículo 125.1 de la Ley Electoral , o tendrá que incorporar nuevos recursos, lo que implica incumplir la prohibición de incrementar el saldo de la cuenta electoral una vez fiscalizada.
Además, el Tribunal ha detectado que, desde su cuenta electoral, el ahora PDeCAT realizó pagos por importe de casi 3.500 euros con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación, lo que supone otro incumplimiento de la LOREG.
Unidos Podemos también incumplió
El Tribunal de cuentas revela además que la coalición Unidos Podemos, acabó la última campaña electoral con una deuda a sus proveedores de 566.165.07 euros, deuda que meses después de los comicios aún no había saldado. Al no tener fondos suficientes en su cuenta electoral para hacer frente a su pago tuvo que sacarlos de una cuenta corriente con fondos para su actividad ordinaria, incumpliendo la Ley Electoral General.
Aunque el fiscalizador detecta varias deficiencias en las cuentas de Unidos Podemos y sus confluencias, estas no afectan a su derecho a recibir las correspondientes subvenciones.
De las magdalenas de Compromís a la cafetería del PSOE.
La mayoría de los grupos ha tenido que presentar alegaciones posteriores justificando gastos no admitidos por el Tribunal de Cuentas. Es el caso de la coalición formada por Compromis-Podemos-EUPV que presenta alegaciones por un gasto de 4.000 euros en horchatas y magdalenas. La coalición insiste en que "la factura obedece a la compra de estos productos que fueron etiquetados con nuestro logotipo y con un mensaje dirigido a promover el voto para ser objeto gratuito en las calles de la localidad donde se presentaba la candidatura".
El PP ha tenido que presentar, entre otros, alegaciones por gastos en seguridad para su personal por un importe de 1.093 euros y el PSOE ha tenido que justificar una factura de 1.400 euros en una cafetería de Melilla.
