Si hay un modelo de gestión que esté dando que hablar últimamente, además de la preocupación que está acarreando, es el de las mutualidades de funcionarios civiles del Estado (Muface), judiciales (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas).
Lo cierto es que a medida que pasan los días transcienden más aspectos del que posiblemente será el nuevo convenio de mutualismo para España. Si bien aún no se conocen los pormenores económicos (presupuestos generales, primas, etc.) el Gobierno sí que ha trasladado a las aseguradoras un cambio que es sustancial: el próximo contrato tendrá una duración de dos años en lugar de los tres actuales, como se recogía en la resolución del BOE del último concierto de Muface.
La reducción en la extensión no contenta del todo a las aseguradoras, ya que, según ellos mismos han podido dejar saber, es una decisión negativa para las empresas en términos de rédito económico, ya que el recorrido del incremento de las primas es menor.
Esto no ha relajado el clima de rechazo que ya existía por las pérdidas que ha generado el último contrato del concierto que expira el 31 de diciembre y, a mayores, surge otro aspecto que causa pánico en algunas firmas. Y es que las nuevas legislaciones europeas obligan a las empresas que sean multinacionales a imputar todas las pérdidas de un contrato plurianual y esto es algo que ya causó un agujero en el primer año, lo que para algunos de las empresas del concierto podría significar la puntilla definitiva para decir no al nuevo convenio.
Las aseguradoras, exigentes para firmar el nuevo convenio
Según el diario El Economista, las aseguradoras tienen claro que la inversión del Gobierno tiene que subir drásticamente. Las empresas del convenio aceptarán una rebaja del 20% sobre el gasto per cápita público, pero no menos que eso porque entonces "no es sostenible", como las propias aseguradoras explican. Además, han dejado claro que quieren evitar sí o sí que todo esto se trate de un parche puntual.
El último dato oficial disponible sobre el gasto per cápita público, que es correspondiente al año 2022, es de 1.674 euros sin contar el gasto farmacéutico. Según explican las aseguradoras, las primas que paga el Estado por cada funcionario afiliado rondan los 900 euros, por lo que una rebaja en el entorno del 20% sobre el último dato de gasto sanitario per cápita significa incrementar la prima un 50%, hasta los 1.350 euros.
Es decir, que en términos globales, esto supondría inyectar al sistema del mutualismo unos 1.800 millones de euros, algo que aliviaría la postura de las aseguradoras sobre si firmar el nuevo concierto o no.
Aún así, tendremos que esperar hasta septiembre, cuando el Gobierno tendrá la reunión sobre este nuevo convenio. Todas las esperanzas están puestas en la negociación del nuevo concierto 2025-26, cuyas condiciones tienen que cerrarse antes de que finalice este año. La última reunión al respecto tuvo lugar el pasado 24 de junio, presidida por secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, acompañada por la directora general de la Mutualidad, Myriam Pallarés.
