Ranz, abogado que logró que un juez ordenara la exhumación de dos víctimas del Valle de los Caídos, ha alegado que el ofrecimiento de la FNFF puede suponer un fraude ya que promueve recibir donaciones particulares, lo que supone un 25% de deducción fiscal.

El letrado, que ha impulsado las demandas para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, ha considerado que "se está empleando dinero público en la incitación al odio y la exaltación del franquismo, Guerra Civil y dictadura, con lo que la Fundación debe ser ilegalizada inmediatamente".

En la denuncia presentada, Ranz ha incluido la carta enviada por la Fundación a los ayuntamientos en la que solicita a los regidores que no "borren la historia y deslegitimen el pasado".

La carta se ha enviado a los ayuntamientos que, según se recoge en la propia misiva, "se encuentran entre los 335 municipios españoles que han sido demandados por el aprendiz de Robespierre, el letrado Eduardo Ranz, juez y parte de la mal llamada Ley de Memoria Histórica".

Para Ranz, las cartas a los ayuntamientos, son un ataque al Estado de derecho, por lo que ha procedido a presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que proceda a la investigación de los hechos.

En la denuncia se ha incluido también una misiva dirigida al Ayuntamiento soriano de San Leonardo de Yagüe en el que se ofrecen servicios jurídicos para defenderse de la "ilegal aplicación" de la normativa.

"No se dejen intimidar ante las querellas que puedan recibir, porque el Derecho siempre prevalecerá sobre la barbarie", finaliza la carta dirigida por la Fundación a este municipio soriano.