El Gobierno apenas ha tardado 24 horas en dar su conformidad a la tramitación parlamentaria de la ley que derogará el delito de sedición por la cual fueron condenados los líderes del procés independentistas catalán de 2017. De esta manera, PSOE y Unidas Podemos sacan adelante la tramitación exprés para la reforma.

La iniciativa fue registrada el pasado viernes en el Congreso y, al tratarse de una proposición de ley de los dos grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Gobierno de coalición no tuvo necesidad de contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. El lunes la proposición de ley fue calificada por la Mesa del Congreso, que la envió de inmediato al Gobierno para el trámite de dar su conformidad, ya que el Ejecutivo tiene capacidad de veto para iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos, según explica Europa Press.

Le han sobrado 29 de los 30 días de plazo

El Gobierno disponía de 30 días para dar su visto bueno a la reforma, pero le han sobrado 29. En tan solo 24 horas una vez se les ha remitido la proposición de ley desde la Mesa del Congreso, desde el ejecutivo han registrado un escrito dando su conformidad para tramitar la norma.

Es una velocidad sorprendente para este tipo de proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal. Son medidas a las que los juristas llaman "la Constitución en negativo" en la que no sólo se aborda el fin del delito de sedición, sino que también se trasponen directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso e incluye una agravamiento de penas por ocultación de cadáver. Por el momento, la proposición de ley, publicada este martes en el Boletín Oficial de las Cortes, consta de 21 páginas con sólo dos artículos, pero uno de ellos tiene 19 apartados, y también contiene hasta nueve disposiciones, según recoge Europa Press.

Todo para que esté en vigor en enero

La velocidad de este proceso exprés confirma la celeridad con la que PSOE y Unidas Podemos buscan tramitar esta reforma, para la que han pedido también el procedimiento de urgencia, lo que implica acortar los plazos de enmiendas a la mitad.

Este viernes, sólo una semana después de registrarse, los dos partidos del Gobierno quieren que la Junta de Portavoces pongan ya fecha a su primer debate en el Pleno del Congreso, que se prevé para el próximo 24 de noviembre, nada más terminar el Pleno de los Presupuestos Generales de 2023. Todo ello para intentar que la ley complete su tramitación parlamentaria antes de fin de año y esté en vigor en enero.