Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio liderado por Sacyr que se ha encargado del principal contrato de ampliación del Canal de Panamá, podría reclamar hasta 5.386 millones de euros en concepto de sobrecostes, de acuerdo con las cifras que maneja el informe de auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad creada para la explotación de la infraestructura.

Según publica el diario El País, esta sería la cantidad máxima que el grupo de constructoras liderado por Sacyr podría demandar. Sin embargo, fuentes de la empresa señalan que de momento no han acordado cuánto exigirán finalmente. 

El consorcio interpuso el pasado 8 de diciembre dos nuevas reclamaciones ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), lo que según la Autoridad del Canal "como consecuencia de estas solicitudes, el monto reclamado por GUPC aumentó de 3.227 millones de dólares a 5.673,5 millones de dólares". 

De modo que, de prosperar las reclamaciones, la desviación presupuestaria de las obras de ampliación del canal podrían duplicar el precio de licitación de unas obras que se vieron paralizadas en varias ocasiones por la falta de acuerdo entre las partes por los sobrecostes y por una huelga convocada por los sindicatos del sector de la construcción.

El contrato de adjudicación de la obra fijaba una fecha límite para fijar la cuantía máxima que se podía reclamar en el futuro

Según señalan fuentes de Sacyr a El País, el contrato de adjudicación fijaba una fecha límite, una vez puesto en funcionamiento el canal para fijar la cuantía máxima que se podía reclamar en el futuro. Por eso, GUPC ha presentado sus pretensiones máximas por los sobrecostes y retrasos para no perder derechos futuros.

El grueso de las desviaciones se deben a la calidad del basalto, fallas inesperadas en los terrenos sobre los que se desarrollaron los trabajos, huelgas y cambios normativos. También hay desencuentros por las garantías concedidas por GUPC a la Autoridad del Canal.