El Ministerio del Interior reitera que no tuvo competencia alguna en el proceso de repatriación de menores a Marruecos. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska así lo recoge en su respuesta al requerimiento de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que mantiene abierto un procedimiento para esclarecer si actuaron conforme a lo previsto en la Ley con la devolución de los niños.
En esta nueva respuesta, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Interior insiste en que la tramitación y resolución de los expedientes de los menores, así como su reagrupación familiar en Marruecos “no es competencia” suya sino que su tramitación correspondería a Ceuta y a la Delegación del Gobierno de dicha ciudad. Del mismo modo, carga contra el Ministerio Público que, paralelamente, ha abierto diligencias precisamente para investigar si estas devoluciones se hicieron acorde a lo establecido en la legislación.
Con todo, no es el único procedimiento contencioso abierto en los tribunales por estos hechos. Los juzgados de instrucción de Ceuta también indagan la responsabilidad de la Delegación del Gobierno en estos hechos que han provocado una auténtica crisis dentro del departamento que dirige Grande-Marlaska. En lo que respecta a la Audiencia Nacional, el asunto arrancó a tenor de un recurso interpuesto por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del pasado 10 de agosto.
En la misma se instaba a que se aplicase el acuerdo suscrito entre Marruecos y España en marzo de 2007 sobre la cooperación el ámbito de la prevención de la emigración ilegal. Al respecto, la Sala de lo Contencioso requirió a Interior los correos intercambiados en dicha fecha en los que la Secretaría de Estado ordenaba la repatriación de los menores. "En respuesta a su solicitud, se remite acuerdo sobre repatriación de menores. Dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito hoy mismo", rezan las misivas recogidas por este diario.
Implica a la Fiscalía
Ahora, el titular de esta secretaría, Rafael Pérez, responde que bajo ningún concepto los correos intercambiados con la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Ceuta pueden entenderse como una orden del Ministerio para impulsar las repatriaciones de los menores. Más bien al contrario, apunta que las comunicaciones en cuestión “tenían la finalidad de asegurar el debido conocimiento” de este asunto por parte de la Fiscalía. De hecho, asegura que la comunicación en cuestión también fue enviada a la Secretaría Técnica del Ministerio Fiscal.
"A fin de asegurar los derechos e intereses prevalentes de los menores que pudieran resultar afectados, se puso en conocimiento de los órganos correspondientes del Ministerio Fiscal las distintas comunicaciones efectuadas por la Secretaría de Estado de Seguridad", precisa la Secretaría de Estado la cual precisa que la devolución de los menores marroquíes se realizaría siempre respetando sus derechos y tras haber realizado un "análisis exhaustivo" de sus circunstancias personales.
"Un verdadero tratado"
Además, apela de nuevo a la validez del acuerdo suscrito con el país africano asegurando que se corresponde con un “verdadero tratado internacional”. El Ministerio responde de esta forma al auto dictado esta misma semana por el juzgado de lo contencioso número 1 de Ceuta que decidió mantener la suspensión de las repatriaciones. En su resolución, calificaban el acuerdo con Rabat de "un acuerdo de carácter no constitutivo" y que, por tanto, no podía prevalecer por encima de la legislación española que impone a las delegaciones iniciar un procedimiento con cada menor con el fin de determinar sus circunstancias concretas.
Tras este pronunciamiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo en Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantuvieron un encuentro en el que acordaron seguir con el proceso de repatriación aunque a través de los cauces legales, corrigiendo de este modo el criterio de actuación del Ministerio del Interior. Ahora, el secretario de Estado de Seguridad vuelve a defender la validez del tratado aduciendo a un dictamen de julio de 2007 del Consejo de Europa. Además, recalca que el acuerdo es válido desde su entrada en vigor en octubre de 2012.
