Las reticencias del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a que su proyecto de referéndum unilateral se vote en el Congreso (hasta ahora sólo aboga por un debate), generan dudas en el PP. Según fuentes parlamentarias del Grupo Popular en la Cámara baja, no se descarta que el jefe del Gobierno catalán acceda finalmente a una votación sobre su plan secesionista. Lo haría en ese caso, apuntan las fuentes consultadas, con la intención de convertir la derrota parlamentaria en su "coartada" para convocar elecciones anticipadas. Los separatistas le darían la dimensión de "constituyentes", prevén dichas fuentes.
La llamada a las urnas, al margen del referéndum unilateral de independencia previsto para el 1 de octubre, es una sensación que cobra cada vez más fuerza en círculos políticos y económicos de Cataluña. De hecho, los tres partidos constitucionalistas (PP, PSC y Ciudadanos) ya vienen trabajando con este escenario desde hace semanas.
Tales fuentes del Grupo Popular insisten en que Puigdemont no puede limitarse a que su proyecto soberanista se debata en el Congreso, ya que en esta Cámara, sede de la soberanía nacional, las cuestiones se someten a votación. "Las Cortes no son el salón de actos de una facultad", comentan las mismas fuentes. En esta línea, los populares no cierran la puerta a que el presidente de la Generalitat acabe aceptando una votación. "Primero se negó a venir al Congreso sin un acuerdo previo cuando se lo planteó el Gobierno", enfatizan las fuentes citadas, recordando la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a su conferencia en el Ayuntamiento de Madrid. "Y ahora, cuando ya tiene la fecha y la pregunta de ese referéndum ilegal, se ha decidido a venir, pero con condiciones", añaden. "El siguiente paso es que acepte la votación", vaticinan.
Puigdemont remitió el pasado viernes una misiva a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que "todos los diputados del Congreso puedan escuchar (...) las razones por las cuales hemos llegado hasta aquí y por qué mi Gobierno solicitó dialogar sobre la propuesta de referéndum con el Gobierno español". "Estoy convencido de que un debate de esta trascendencia es necesario y se ajusta a lo que los ciudadanos esperan de sus instituciones de representación. Quedo a su disposición para que ese debate pueda celebrarse lo más pronto posible", remata Puigdemont.
La carta de Puigdemont no ha entrado en el orden del día de la reunión de la Mesa del Congreso este martes
Este lunes por la tarde todavía no había entrado en el registro del Congreso la carta de marras, según confirmaron a Vozpópuli fuentes de la Presidencia de la Cámara. Tales fuentes sospechan que Puigdemont optó por el envío mediante correo ordinario. Por ello, sin la recepción del escrito a tiempo, dichas fuentes precisan que ha sido imposible que la petición del jefe del Gobierno catalán entrara siquiera el orden del día de la reunión de Mesa del Congreso este martes. No obstante, puede que alguno de los grupos de la oposición se interese sobre el tema en el trascurso de la misma.
"No puede ser calificada"
Con todo, estas fuentes de Presidencia tampoco aseguran que la carta de Puigdemont termine siendo abordada formalmente por la Mesa del Congreso, dado que, en principio, "no se trata de ninguna iniciativa parlamentaria estipulada en el Reglamento, y por tanto, no puede ser calificada" por el órgano de gobierno de la Cámara. Ello obligará a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Parlamento.
Desde el PP inciden en que si Puigdemont quiere que el Congreso escuche su plan, tendrá que presentarlo en forma de iniciativa para su votación. Según explicó el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, sólo tendría dos opciones: mediante una proposición de ley del Parlament que planteara una reforma de la Constitución o a través de una reforma del Estatut. Por ejemplo, el Parlament ya llevó el 8 de abril de 2014 una proposición de ley al Congreso para celebrar una consulta soberanista sobre el futuro político de Cataluña, esto es, la que tuvo lugar el 9-N. Aquel texto fue rechazado en la Cámara Baja por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención. Sin embargo, la Generalitat de Artur Mas terminó organizando una pseudo-consulta tras la suspensión del Tribunal Constitucional.
