La radicalización de Podemos ha llegado a su apuesta económica. Y lo ha hecho asumiendo las tesis de IU, socio de coalición. Según consta en la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 presentada por el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea, el partido Pablo Iglesias suscribe una controvertida propuesta, defendida en los últimos años por la formación de Alberto Garzón: nacionalizar los "sectores estratégicos", esto es, aquellos relativos al ámbito energético, financiero o de las telecomunicaciones.
En concreto, el texto de devolución señala que "el mayor protagonismo de los sectores con alto contenido tecnológico, así como la progresiva reducción de emisiones de CO2, no se producirán de forma espontánea, gracias a la 'mano invisible' del mercado. Bien al contrario, es necesario el concurso del Sector Público para poder impulsar sectores estratégicos que generen nuevos paradigmas de crecimiento", enfatiza el escrito.
Sin embargo, esta medida es nueva en el ideario económico de Podemos. No fue incluida como tal en su programa para las últimas elecciones generales, celebradas el 26 de junio de 2016. El famoso catálogo de Ikea se limitaba a plantear un "refuerzo de la competencia en sectores estratégicos", que provocaría un "abaratamiento de la actividad productiva a escala nacional" y permitiría "reducir los déficits competitivos estructurales de nuestro tejido productivo". Además, el partido morado abogaba por "retomar", en este sentido, las medidas de "apoyo a las energías renovables y su relevante papel en el ámbito de la investigación y la innovación".
Garzón ya decía en 2013, siendo diputado de IU en el Congreso, que "los sectores estratégicos tienen que ser nacionalizados"
Ahora, tras concurrir a las últimas elecciones de la mano de IU y compartir grupo parlamentario con estas siglas, Podemos ha endurecido su intervencionismo. Tal es así que la formación morada ha pasado de identificarse con la "socialdemocracia nórdica" a abrazar postulados propios de regímenes bolivarianos como Venezuela. De hecho, el propio Garzón ya decía en 2013, siendo diputado de IU en el Congreso, que "los sectores estratégicos tienen que ser nacionalizados". En 2015, cuando presentó su candidatura a las primarias de Unidad Popular para las generales de aquel año, también planteó "recuperar empresas estratégicas o nacionalizar las 'Endesas' para que a nadie le falta de nada".
Así mismo, el Partido Comunista (PCE), la organización con más peso en IU y en la que milita Garzón, aprobó una resolución en este sentido dentro su XX Congreso, celebrado el año pasado. En ella, se fija como objetivo la "desprivatización de los sectores estratégicos de la economía: banca, energía, agua, telecomunicaciones, comunicación, gran distribución de alimentos, y de los conjunto de servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales y demás servicios básicos".
Sánchez Mato
Ha sido precisamente Garzón, coordinador federal de IU, quien ha pilotado la redacción de esta enmienda a la totalidad, así como la elaboración de los "presupuestos alternativos" presentados por Unidos Podemos-En Comú-En Marea esta semana. Nunca antes en la Democracia un grupo parlamentario enmendó a la totalidad el proyecto de ley de PGE con unas cuentas propias, opción que también contempla el reglamento además del clásico texto de devolución.
En esos trabajos, donde también han participado el economista de Podemos Nacho Álvarez y el diputado morado Segundo González, Garzón ha contado con la colaboración del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Este edil de IU tiene como asesor municipal a Eduardo Garzón, hermano de Alberto. En un acto de Unidad Popular en 2015, Eduardo defendió "la nacionalización de los sectores estratégicos" como la banca o el sector energético, porque "por naturaleza son oligopolios que dependen del sector público". "Les estamos todo el día dando ayudas (a estas empresas) y para eso las nacionalizamos, para que estén al servicio de la gente", sentenció.
El partido de Pablo Iglesias concurrió por primera vez de la mano de IU a las últimas generales, las del 26 de junio de 206. Para las anteriores, las que derivaron en la legislatura fallida, no hubo entendimiento entre ambas organizaciones. El sector del exnúmero dos de Podemos, Íñigo Errejón, con un discurso más moderado, siempre expresó su recelo a estrechar la relación con IU, como así está ocurriendo, y a cualquier posible "fusión" de identidades. Gracias a esa alianza para el 26-J, Garzón (IU-Unidad Popular solo obtuvo su escaño y el de Sol Sánchez) ha pasado del aislamiento del Grupo Mixto a llevar las riendas en materia económica de una bancada de 71 diputados, tercera fuerza del hemiciclo.
