La investigación de las supuestas irregularidades cometidas por la trama Púnica en la adjudicación de un contrato para la organización de la Cabalgata de Reyes en Valdemoro en 2008 ya no es competencia de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha remitido en los últimos días a una colega de este municipio del sur de Madrid toda la documentación relacionada con dicho contrato después de que esta última se lo requiriera por ser su juzgado el primero que inició las pesquisas sobre dicho concurso ahora bajo sospecha. Entre esos documentos se encuentra un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las actividades en este municipio de la empresa Waiter Music, la que ganó dicho contrato. La magistrada de Valdemoro, María de los Ángeles Carreras, titular del Juzgado de Instrucción número 2, tiene en estos momentos como imputados al ex parlamentario regional y antiguo alcalde del PP en esta localidad, José Miguel Moreno Torres; al dueño de la empresa, José Luis Huerta Valbuena, ambos investigados en Púnica, además de a una ex concejal y a una funcionaria del Consistorio. Fuentes jurídicas destacan que el resultado de esta instrucción puede afectar al sumario central del juez Velasco.
Está bajo sospecha la adjudicación a una empresa de la Púnica de un contrato de 21.985 euros para organizar la Cabalgata de Reyes de 2008 en Valdemoro
La investigación de la adjudicación a Waiter Music SL del contrato para sacar a las calles de Valdemoro cuatro carrozas la noche de Reyes de 2008 se remonta a marzo de 2012. Entonces, la en aquel momento portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Margarita Peña, presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial al considerar irregular un concurso al que fueron invitadas tres sociedades que, Waiter Music SL, Waiter Music Record SL y Saranais SL aue eran propiedad del mismo empresario, José Luis Huerta, y su mujer. Al final, las dos últimas mercantiles se retiraron de la pugna y la adjudicación se la llevó la primera por un importe de 21.895 euros. Nueve meses después de la denuncia de la concejal socialista, ésta llegaba de la mano de Ministerio Público a los Juzgados de Valdemoro donde, por reparto, se adjudicaron las pesquisas a la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2, Susana Ruiz. Se abrían así las Diligencias Previas 368/13.
Vicisitudes judiciales
Desde entonces la causa ha sufrido varias vicisitudes judiciales. La primera, en junio de 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó hacerse cargo de las pesquisas porque la juez no había cumplido con el trámite de elevar una exposición razonada en el que detallase la supuesta implicación del entonces parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid José Miguel Moreno Torres. Cuando finalmente la magistrada cumplió este requisito, el TSJM volvió a rechazar hacerse cargo de las pesquisas al considerar que no había indicios suficientes contra este aforado. Para entonces, la titular del Juzgado era María Ángeles Carreras, la magistrada que actualmente instruye la causa. De hecho, ella fue la que decidió seguir adelante con la investigación y en enero de 2014, cuando la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ni siquiera habían iniciado el 'caso Púnica', tomó declaración como imputados a una concejal y a una funcionaria del Consistorio, así como al empresario José Luis Huerta. También comparecieron ante ella varios testigos.
El TSJ de Madrid rechazó en tres ocasiones investigar por estos hechos al entonces parlamentario regional José Miguel Moreno Torres, hoy imputado en Púnica
Una diligencia que volvió a realizar a finales de ese mismo, cuando el dueño de Waiter Music SL ya había sido detenido dentro de la 'Operación Púnica'. Cinco meses después, en mayo de 2015, la juez solicitaba por tercera vez al TSJ de Madrid que se hiciera cargo de las pesquisas al haber encontrados supuestos indicios contra Moreno Torres. Sin embargo, cuando éste tribunal se pronunció a finales de julio, el político ya había perdido su condición de aforado y, de hecho, había sido imputado por el juez Eloy Velasco. Meses después, ya en 2016, la Fiscalía solicitaba que la investigación de la adjudicación de la Cabalgata de Reyes fuera declarada causa compleja para poder prolongar en el tiempo la investigación. El 7 de marzo, el ex alcalde de Valdemoro era citado a declarar como imputado en un sumario que con él ya suma cuatro personas investigadas por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ahora, el caso recibe un nuevo impulso después de que el juez Velasco haya decidido remitirle el informe que la UCO había elaborado sobre las actividades de Waiter Music en el municipio madrileño que se convirtió en el auténtico epicentro de la trama Púnica.
