El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para investigar a la diputada del PP en la Asamblea regional María Josefa Aguado por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato a empresas de la trama Gürtel en 2007.
El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal, de la que ha informado el TSJM, acepta la competencia para conocer los hechos investigados por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional por la intervención de Aguado en las X Olimpiadas Escolares celebradas ese año en Arganda del Rey.
La Sala designa como magistrado instructor a Jesús María Santos Vijande, quien determinará, en función de los testimonios que ya han sido remitidos y de otros que pueda solicitar, las personas que deban figurar como investigadas en la causa junto con la diputada.
Fraude a la Administración Pública
El juez del caso Gürtel, José de la Mata, pidió el pasado mes de abril al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que está aforada Aguado al ser diputada regional, imputarla al apreciar indicios de delito de fraude a la Administración Pública, malversación y prevaricación.
Este juez circunscribe su actividad a la adjudicación en 2007 del contrato para las "X Olimpiadas Escolares" a empresas del líder de la Gürtel, Francisco Correa, valorado en 89.000 euros pero que se fragmentó en siete contrataciones menores para evitar el concurso público.
El juez de la Audiencia Nacional envió su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM para que determine si imputa a la diputada y si decide llamar a declarar a las personas investigadas en esta pieza de Arganda que no están aforadas, entre ellas Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el exjefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte César Tomás Martín Morales.
Resoluciones arbitrarias
Ahora la Sala sostiene que Aguado no ha sido autora directamente "de resoluciones administrativas arbitrarias" en los términos que argumentaba el magistrado de la Audiencia Nacional, pero sí se deduce "una contribución importante de doña María Josefa Aguado del Olmo a que se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a sus informes favorables al cobro"
"No puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias, mediante las que se consumó un fraude a la administración pública y se permitió la indebida disposición de fondos públicos, lo que obliga a iniciar la investigación penal en relación a ella" por posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos", añade.
Los magistrados aceptan las competencias sobre Aguado pero no sobre el resto de los investigados en relación con el expediente de las Olimpiadas Escolares, sin perjuicio de lo que proceda cuando avance la investigación.
