El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que desarrolla la ley del cine respecto a los nuevos criterios para la amortización pública de las películas, unas ayudas que serán a priori para reforzar su control, transparencia y fiscalización. El nuevo modelo de financiación del cine, aprobado el 14 de mayo después de más de tres años de negociaciones entre el sector y el Gobierno, parte de la base del mantenimiento de ayudas generales, destinadas a películas de carácter más industrial, y otras ayudas específicas que serán desarrolladas por una Orden Ministerial. La aprobación coincide con las investigaciones en los juzgados por fraudes en taquilla y con las buenas cifras de recaudación en España.
Todos los rodajes a partir de 2016 entrarán en la nueva normativa. Sin embargo, durante los próximos tres años, hasta 2018, convivirán ambos modelos por los efectos de la legislación anterior.
Todos los rodajes a partir de 2016 entrarán en la nueva normativa. Sin embargo, durante los próximos tres años, hasta 2018, convivirán ambos modelos por los efectos de la legislación anterior. El texto establece también novedades en los incentivos fiscales al cine, que ya se modificaron en agosto del año pasado, con la reforma del Impuesto sobre Sociedades, al pasar de la desgravación del 18 al 20% para la cinematografía y un incentivo de un 15% a la producción internacional –exención criticada por el sector, por considerar que deja las cuotas en una proporción casi igual-.
La aprobación de un instrumento legal en la materia fue una de las principales peticiones del sector, el cual, conjuntamente con el Gobierno, organizó en 2012, una Comisión Mixta sobre el Modelo de Financiación del Cine, que debía abordar tres grandes áreas: incentivos fiscales; ayudas directas e inversión en cine por parte de las televisiones. Esta comisión terminó sus funciones en diciembre de 2013 y aunque la versión oficial es optimista, hay quienes ven con cierta frustración algunos de los puntos.
El régimen de la nueva línea de ayudas pretende adecuarse al ciclo de vida del proyecto de inversión cinematográfica, para mejorar la financiación de estas empresas y reducir sus costes financieros. En la convocatoria de las ayudas se determinará el porcentaje de pago que corresponderá a cada una de las fases de ejecución de la película, por ejemplo, ante la presentación del proyecto, el inicio del rodaje y la obtención de la calificación.
Las ayudas anticipadas se concederán de forma automática mediante la aplicación de criterios objetivos de valoración. La determinación de estos criterios objetivos atenderá, entre otros aspectos, a la viabilidad económica y financiera del proyecto.
Las ayudas anticipadas se concederán de forma automática mediante la aplicación de criterios objetivos de valoración. La determinación de estos criterios objetivos atenderá, entre otros aspectos, a la viabilidad económica y financiera del proyecto, a la difusión, distribución y plan de marketing, a la solvencia técnica del beneficiario, a la relevancia cultural española y europea, al carácter innovador del proyecto, así como al impacto socioeconómico de la inversión en España.
En la ponderación de criterios objetivos, además de tener en cuenta el fomento de la diversidad y promoción de la cultura de las películas, primarán las producciones cuyo objetivo sea lograr una importante difusión y el éxito comercial, habida cuenta de que ya existen otro tipo de ayudas a proyecto con las que se pretende fomentar los nuevos talentos que puedan surgir en el panorama cinematográfico español.
No se puede sospechar de todo el sector
La aprobación del real decreto coincide con las causas que se ven en juzgados de instrucción de Madrid por distintas denuncias planteadas por la Intervención General del Estado (IGAE) ante la sospecha de que distintos productores han falseado los datos de taquilla para obtener fraudulentamente subvenciones públicas para sus películas.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha afirmado hace unos días que "no se puede levantar una causa general contra el cine español", que es "excelente y se merece todo el respeto", por los casos que se instruyen en distintos juzgados contra productores y exhibidores como Enrique González Macho.
La aprobación del real decreto coincide con las causas que se ven en juzgados de instrucción de Madrid por distintas denuncias ante la sospecha de que distintos productores han falseado los datos de taquilla
"El cine español es un cine excelente que merece todo el respeto y si estos asuntos se confirman afectarán estrictamente a personas particulares", ha precisado Lassalle antes de participar en un debate organizado por la Fundación SGAE sobre el estado de la música y alternativas de política cultural.
Se refiere el secretario de Estado de Cultura a las causas que se ven en juzgados de instrucción de Madrid como el 18, 40, 41 y 23 por distintas denuncias planteadas por la Intervención General del Estado (IGAE) ante la sospecha de que distintos productores han falseado los datos de taquilla para obtener fraudulentamente subvenciones públicas para sus películas.
"No se puede levantar una causa general contra el cine español, que es un cine de calidad que tiene el reconocimiento del público y de las instituciones. Se ha hecho une esfuerzo de consenso desde las instituciones para pactar el nuevo modelo de financiación que ha contado con el respaldo del sector", ha señalado.
"No se puede levantar una causa general contra el cine español, que es un cine de calidad que tiene el reconocimiento del público y de las instituciones"
Las subvenciones de Cultura se concedían en función de las entradas vendidas que se percibían dos años después del estreno de las cintas, un sistema que modifica sustancialmente la ley de Financiación del Cine aprobada este año y cuyo desarrollo está pendiente de una Orden Ministerial.
Lassalle se ha referido también a la carta que 29 productores dirigieron el pasado 18 de noviembre al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) cuestionando el contenido de esa orden, "un cambio sustancial", dicen, de lo que los firmantes han vivido "en los últimos 30 años".
