El anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual se atasca otra vez, y por las mismas razones. La falta de acuerdo entre el Ministerio de Industria y Cultura ha hecho que se demore una semana más la aprobación del texto, que estaba prevista para el Consejo de Ministros de este viernes. "Todavía quedan ajustes por hacer al documento", han señalado fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura a Vozpópuli.
No es la primera vez que ocurre, el borrador que regularía la protección de la propiedad intelectual ha sido objeto de las más variadas controversias. Desde la solicitud que han hecho diputados del Partido Socialista e Izquierda Unida de retirar el documento hasta las críticas que el Consejo de Estado realizó en su informe del pasado 4 de diciembre. Sin embargo, el verdadero lugar donde se atasca la discusión y la pronta aprobación de una versión para dar inicio al trámite parlamentario es el que atañe a las negociaciones entre Industria y Cultura por un asunto estricto de competencias.
Una de las piedras más duras con la que se han topado tanto el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert y el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha sido justamente el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, quien defiende algunas competencias de Industria sobre materias que pretende regular la futura ley, entre ellos, la autorización de determinadas páginas webs.
Hay tres temas esenciales que tienen que ver con el proyecto de Ley: la compensación por los derechos de autor a cargo de una partida anual de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de lo que recaudan las entidades de gestión; un mayor control y supervisión de estas mismas entidades y la posibilidad de bloquear y multar con sanciones a las páginas web que tengan “como principal actividad” facilitar “listados ordenados y clasificados de enlaces” a contenidos sujetos a derechos de autor.
Es justamente en este punto donde el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, ha centrado su atención. Tal y como ha trascendido, el anteproyecto dota de excesiva autoridad al Secretario de Estado de Cultura para sancionar la actividad de este tipo de páginas, cuya amplitud de definición convertiría en punibles muchos sitios de Internet. A eso se suma un elemento adicional: la Comisión de Propiedad Intelectual adelantada por Cultura no ha rendido los frutos deseados. Es lenta y engorrosa, lo que hace pensar que probablemente cargar de tantas atribuciones a la Secretaría de Cultura no es lo más adecuado. De ahí que Industria, en lo que a Telecomunicacines y Sociedad de Información se refiere, lleve adelante negociaciones con el despacho de Lassalle.
El acuerdo, que estaba previsto para esta semana, no sido posible. Por lo que el anteproyecto se retrasa -una vez más- para su aprobación en el Consejo de Ministros. Entretanto, el gobierno de los populares sigue sin dar respuesta a la que fue una de sus reivindicaciones electorales: la lucha contra la piratería, una petición en el que las industrias culturales insisten en señalar desde hace ya tiempo.
