La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) arranca el año con mal pie. En una misma tarde, la Audiencia Nacional rechaza paralizar el apercibimiento interpuesto por el ministro de Cultura José Guirao y los miembros más prominentes de la entidad de gestión de derechos de autor piden que sea intervenida.
Pedro Almodóvar, Álvaro Urquijo, Isabel Coixet, Miguel Ríos, Coque Malla o Montxo Armendáriz, entre otros artistas, han pedido al Ministerio de Cultura que solicite judicialmente la intervención de la SGAE, así como que cese a su presidente y junta directiva y revierta los repartos de derechos de junio y diciembre de 2018.
Agrupados en una plataforma que reúne a más de 400 autores, piden la temporal intervención del organismo. Aseguran que, por su parte, tendrán todo el “apoyo y colaboración” que, “por otro lado, pedimos también a todos los partidos políticos y grupos parlamentarios”, aseguraron en una carta enviada a los medios de comnicacion.
Para los firmantes de esta petición, el actual presidente de la entidad de gestión, José Ángel Hevia, y los miembros de su junta directiva no han respetado los "derechos reconocidos a los socios, incluido el ejercicio del derecho del voto por vía electrónica".
Además denuncian que Hevia ha intentado retrasar y dificultar la actuación del Ministerio de Cultura, "demorando conscientemente la entrega de la documentación requerida"; y que ha amenazado y ha intentado desprestigiar a los socios críticos con su gestión, aunque la Coalición Autoral no ha ofrecido estos nombres.
La justicia y el ministro
Todo esto ocurre el mismo día que a Audiencia Nacional ha rechazado paralizar, como pretendía la SGAE, el apercibimiento que el ministerio de Cultura hizo a la entidad de derechos de autor para instarle a que ajuste sus "reglas de funcionamiento" a la legislación, especialmente sus estatutos y normas de reparto.
Eapercibimiento del ministerio de José Guirao, del pasado 27 de septiembre, requería a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que cumpliera con la ley y se ajustara a la legislación en lo referido, entre otros asuntos, a sus estatutos y el voto electrónico, y le daba un plazo de tres meses para que el tema "quede resuelto".
Según la sentencia del juez de la Audiencia Nacional Francisco de la Peña no hay "lugar" a suspender la ejecución de la resolución recurrida por la SGAE, "ni de la obligación de constituir en un plazo de tres meses una nueva Junta Directiva a través de un proceso electoral en el que se incluya el derecho al ejercicio del voto electrónico que se interesa con carácter subsidiario".
El desastre de la SGAE
A la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no paran de crecerle los problemas, por más que se empeñe en afirmar lo contrario. Presidentes defenestrados, elecciones amañadas, tramas de poder y trato de favor. La más reciente ocurrió seis años después de la Operación Saga, en 2011, se destapa ahora la trama de La Rueda de las Televisiones, una red de empresas que sirvió a un grupo de socios para desviar dinero por derechos de autor.
Con esta estructura que mezcla a autores, intermediarios y editores, muchos se dedicaban a registrar como obras nuevas pequeños arreglos o cambios mínimos en composiciones de dominio público, las cuales eran emitidas durante las franjas horarias nocturnas en las cadenas de televisión. Registraron más de 20.000 obras y consiguieron facturar alrededor de 100 millones de eurosentre los años 2006 y 2011. Fue el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, quien fue contra esta práctica que ya había denunciado Antón Reixa, ex presidente de la SGAE, en 2013.
