El gasto total en remuneraciones públicas, que reciben los funcionarios, personal laboral y los políticos (incluido el ejército de altos cargos y asesores), registrará este año un nuevo récord. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, de mantenerse la actual tendencia de crecimiento superará los 172.000 millones de euros, frente a los 163.376 registrados el año anterior. Lo que supone un aumento cercano al 6% (unos 10.000 millones más), casi el doble del aumento de la economía. Esta cifra equivale a uno de cada cuatro euros del gasto del conjunto de las Administraciones (incluida la Seguridad Social); a más del 11% del PIB y al 10,5% de la deuda pública, y supera con creces el abono de las más de 10 millones de pensiones. 

Hasta el tercer trimestre, últimos datos oficiales cerrados, el gasto acumulado en sueldos públicos de la Administración Central, Autonómica y Seguridad Social era de casi 102.000 millones, a los que habría que sumar casi 24.000 millones más correspondientes a los ayuntamientos. El alza era del 6,2% (una décima más que hace un año y 2,7 puntos más que en 2022) debido “en parte”, como señala el informe de Hacienda, a que en julio se hizo efectiva la subida salarial prevista para 2024 del 2% con efectos de enero.

Además, en marzo de este año se ha abonado también el incremento complementario del 0,5% sobre las retribuciones vigentes a finales de 2023 con efectos desde enero de ese año. En esa fecha, el alza del gasto en el Estado era del 4,5% mientras que en las CCAA llegaba al 6,7%. Algunas regiones superaban con creces ese porcentaje medio: en La Rioja alcanzaba el 10,7%, mientras que en Navarra llegaba al 9,7%; en Cataluña, al 8,5%; en Murcia, al 8,3%; en Extremadura, al 8%; y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana subía un 7,8%. Por su parte, en Castilla La Mancha se acercaba al 7,5% y en Canarias y Baleares este coste crecía por encima del 7%.

En términos de PIB regional, Extremadura gastaba ya en este periodo en sueldos públicos el 8,2% de su economía mientras que Murcia, Asturias, Castilla La Mancha, Cantabria, Canarias y Andalucía superaban el 6%. Según estos datos, una decena de las regiones emplean ya la mitad de sus presupuestos en abonar remuneraciones.

Pese a las recomendaciones de Bruselas de reducir el gasto estructural (las cuentas públicas acumulan más de 18 ejercicios consecutivos en situación de déficit a pesar de la constante subida de los impuestos), no ha cesado de crecer esta inmensa ‘bola de nieve’ en que se han convertido los salarios públicos, que se comen una sustancial parte de la recaudación. En concreto, absorben una tajada importante de las dos principales figuras tributarias ya que esos 173.000 millones de masa salarial, que incluye a salarios y cotizaciones a cargo del empleador, equivalen a la totalidad de los ingresos por IRPF y una parte sustancial del IVA.

En todo caso, esa cifra es superior (supera los 200.000 millones) si se le suma las nóminas del personal público de las empresas y entidades que tienen presupuesto propio y no limitativo como sucede en este caso. Desde la pandemia, el gasto en empleados públicos de las Administraciones ha crecido un 26% (en 35.000 millones más); un 33% (en 42.000 millones más) desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa; un 58% desde que comenzó la gran crisis en 2007 (en 63.000 millones más) y la subida es del 116% (en 92.000 millones más) desde que en 2002 comenzó el proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas. Desde 1999, último año en que hay series estadísticas, prácticamente se multiplicado por tres cuando la inflación sólo ha crecido un 78%.

Por administraciones, el Estado (Administración Central)  va a superar a finales de año los 30.000 millones en gasto de personal por primera vez mientras que las autonómicas, que en 2023 alcanzaron el umbral psicológico de los 100.000 millones, se acercarán a los 108.000 millones y los ayuntamientos, que el año pasado llegaron ya a los 30.000 millones, alcanzarán los 32.000 millones. Mientras, la Seguridad Social se situará en la frontera de los 2.400 millones.

La escalada del empleo público

Este imparable incremento de la masa salarial pública se debe sobre todo al aumento de las plantillas sin planificación alguna, en particular en las autonomías, y también al deslizamiento salarial que ocasiona la fuerte estabilidad laboral existente con el abono de complementos por antigüedad (trienios y quinquenios) de los que ya no disponen los asalariados del sector privado. A ello hay que añadir las remuneraciones que se abonan fuera de mercado en la actualidad y que se sitúan por encima del 50% de los salarios del sector privado, según la información del INE.

Convertidos en agencias de colocación de los ‘suyos’ (siguen aumentado los escándalos  incluso de oposiciones amañadas y de exámenes que han sido filtrados previamente), ningún partido se ha atrevido  a realizar ajuste alguno, reforma o reasignación de efectivos a pesar de la importante inversión en nuevas tecnologías y la implantación de las Administraciones on line, las citas previas y telefónicas o la Inteligencia Artificial. 

Según la estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre de este año había más de 3,5 millones de empleados públicos (incluye a casi 200.000 de las empresas) con un crecimiento de casi el 1% respecto al año anterior (unos 32.000 más); del 12% (373.000 más), desde que Sánchez preside el Gobierno; del 18,4% (frente al 2,9% de aumento de la ocupación en el sector privado) desde que comenzó la gran recesión a finales de 2007 y el alza se aproxima al 40% desde que en 2002 comenzaron las transferencias a las autonomías. 

Diferencias por administraciones

Por tipo de Administración, el ‘gran boom’ de personal se ha producido en las autonomías y también en menor medida en los ayuntamientos. Las regiones disponen de casi 2,1 millones de empleados aunque en el último ejercicio se ha producido una leve reducción en 48.000. Esta minoración no ha evitado, sin embargo, que su masa salarial se haya disparado en 2024 hasta un 6,7%.

En todo caso, el número de nóminas desde la crisis de 2007 ha aumentado un 30% (en 472.400 personas más) y desde 2002 el incremento es del 114% (1,1 millones de contrataciones más). Los ayuntamientos, por su parte, ya han superado la cifra de los 700.000 empleos tras las elecciones del año pasado. Su crecimiento no cesa: es de 2.800 en el último ejercicio (1%); del 7% (48.000 más) desde 2007 y, por ejemplo, del 36% (unos 200.000 empleados más) que hace una veintena de años.

Mientras, la Administración Central acumula 533.700 efectivos, 20.000 más por ejemplo que al inicio de la gran crisis y 7.000 más que hace 22 años cuando comenzó el traspaso de competencias y de personal a las autonomías.

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