Hablamos de un ensayo inquietante, sobre todo por su capacidad de retratar un error grotesco de nuestro sistema judicial (un error sobre el que ya tenemos indicios de que puede ir a más). El libro se titula Nadie se va a reír. La increíble historia de un juicio a la ironía (Debate). Lo firma el murciano Juan Soto Ivars, uno de los periodistas que más ha contribuido a destapar la nueva inquisición progresista que tantas veces aceptamos de manera inconsciente o semiconsciente. El hilo principal del texto es la condena a Anónimo García, uno de los impulsores de una performance artística para denunciar el sensacionalismo de los medios con el caso de La Manada, pero además el texto contiene una subtrama sustanciosa a la que apenas se ha prestado atención.

Un poco de contexto: García fue condenado por anunciar en Internet un tour por Pamplona que recorrería los principales escenarios del los sucesos de La Manada, ocurridos en julio de 2016. Esa actividad nunca llegó a realizarse, ya que se trataba de una performance de denuncia del amarillismo de los grandes medios de comunicación, que optaron por un enfoque carroñero para cubrir el suceso. Una vez se levantó cierto revuelo mediático, la web de la presunta gira para turistas, ideada por el grupo artístico Homo Velamine, cambió su contenido por textos donde denunciaban el sensacionalismo de algunos grandes medios (confirmado por el hecho de que algunas televisiones que retiraron voluntariamente de sus webs oficiales los errores más groseros de sus coberturas). El resultado inesperado es que una abogada convenció a la demandante de La Manada de que debía pleitear contra el grupo responsable de la performance y -contra todo pronóstico- se condenó a García a año y medio de prisión y 15.000 euros de multa.

¿En qué artículo del Código Penal se apoyaron para condenar a alguien por una simple performance? Usaron el 173.1, cuya redacción es abierta y ambigua: “El que infrigiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. ¿A quién se había aplicado hasta ahora esta norma? Los hechos condenados por el artículo 173.1 que menciona implican: obligar a una mujer a prostituirse y sumergirle la cabeza en el río repetidas veces; propinar palizas a hombres inmovilizados; reclusiones de personas en habitaciones a oscuras, maniatadas, sin atender sus necesidades básicas, y la publicación de anuncios sexuales con el número de teléfono de una mujer sin su consentimiento. Este último recibió absolución, pese a estar probado el hecho, porque no lo consideraron lo bastante grave”, señala Soto Ivars. Lo peor es que, tras la condena de Anónimo García, estos días le ha caído otra similar -18 meses y 6.000 euros- al poeta Camilo de Ory, autor de unos tuits de humor negro sobre el caso del niño Julen. ¿Se debe ingresar en prisión por hacer chistes y performances, sean o no de buen gusto?

El ensayo de Soto Ivars ha tenido un éxito creciente, tanto en ejemplares vendidos como en las presentaciones por toda España (en la de Madrid se quedaron decenas de personas fuera de la librería Tipos Infames). La subtrama interesante del conflicto, que se explica brevemente en el texto, es que Anónimo García fue objeto de expediente en Greenpeace tras la primera condena (diciembre de 2019) y despedido tras la ratificación de esta (junio de 2020). Greenpeace, contactada por Vozpópuli, niega que el despido tenga que ver con la sentencia. Lo atribuye a una violación del código de la conducta de la organización, al no informarles García de sus actividades extralaborales. Que el expediente y el despido cayeran justo después de las condenas sería una simple coincidencia, según la conocida ONG.

Lo grave del asunto es que García no ostentaba un puesto cualquiera, sino que trabajaba en el área de Libertad de expresión, desempeñando tareas centrales como la campaña contra la Ley Mordaza. Por tanto una veterana ONG, tradicionalmente dedicada a la desobediencia civil, despidió a un empleado por desobedecer civilmente (y le abandonó a su suerte ante sus problemas judiciales). García también había colaborado de manera ocasional con Amnistía Internacional, otra organización que le dio la espalda.

La doble moral de Greenpeace

Así retrata Soto Ivars el despido de Greenpeace, que dejó a García en una situación vulnerable: “¿De dónde iba a sacar todo ese dinero? Por el despido improcedente, Greenpeace había aflojado 27.500 de esos euros que sus socios les envían para salvar osos polares. Era todo lo que poseía, y la cifra estaba unos quince mil euros por debajo de lo que debía, entre la indemnización, las costas y los próximos escenarios de la batalla judicial”. Por si fuera poco, el condenado acababa de ser padre, redoblando su nivel de desamparo.

El hecho de que el despido fuera improcedente es ya bastante revelador. Soto Ivars denunció en el texto la frivolidad con la que se gastan las cuotas de sus socios, alguno de los cuales se ha dado ya de baja a costa del incidente. El departamento de prensa de la ONG alega lo siguiente: “Nadie en Greenpeace sabía de esta ni de ninguna otra actividad de Anónimo García con antelación, y se enteró a posteriori por los medios de comunicación”, explican. La realidad es que hemos podido comprobar que el septiembre anterior al despido García impartió un taller sobre el activismo artístico de Homo Velamine en un campamento de la propia Greenpeace celebrado en Piedralaves (Ávila) del 11 al 15 de septiembre de 2019. Aparte de esto, varios empleados de Grenpeace habían participado en performances de este grupo a medio camino entre el arte y la denuncia.

No sé cómo podrá Greenpeace defender su posición si el alto tribunal decide absolver a Anónimo García”, escribe un socio de Greenpeace que se ha dado de baja

Así cierra su respuesta: “Me alegra que afirme que Greenpeace está en la defensa ‘sin matices’ del derecho a la libertad de expresión pues realmente cuesta creerlo tras su actuación en este triste caso que hoy está a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional. No sé cómo podrán defender su posición si el alto tribunal decide absolver a Anónimo García”, concluye.

Greenpeace invoca, de manera reiterada, una violación del código de conducta que no está claro que se produjera (de ahí la improcedencia): sencillamente se prefirió evitar problemas antes que apoyar a un empleado en un proceso judicial que acabó en condena a cárcel y multa. Se invoca también para el despido el “coste reputacional” de las acciones de García, lo cual puede sonar sensato pero problemático: también conlleva costes reputacionales despedir a un empleado que, sencillamente, se dedica en sus horas libres a un activismo tan legítimo como el tuyo (la diferencia es que García tenía muchos menos medios materiales).

Ejemplos de activismo de Greenpeace que causa daño reputacional: cuando expuso la sobrepesca de ballena en Japón en 2008, robando capturas de los barcos, o cuando dañaron las líneas de los geoglifos de Nazca (Perú) en 2015 o las acciones contra la central nuclear de Cofrentes en 2011. En las respuestas de Greenpeace sobre el caso García se insiste en que todo se hizo “en cumplimiento de la legalidad vigente”, cuando la misma naturaleza de la ONG exige desafiar leyes para profundizar en sus objetivos.

Desde que empezó a circular la noticia del despido, se han producido diversas bajas de socios. Por ejemplo la de Joaquín Muller-Thyssen Bergareche, explicada en Facebook. La directora de comunicación de Greenpeace le escribió para convencerle de que mantuviera su apoyo a la organización, con nulo éxito. “Me habla usted de un constante y reiterado incumplimiento del código de conducta de ‘este trabajador’ (Anónimo García) al que ni tan siquiera nombra, por no informar a su responsable de un ‘potencial’ conflicto de intereses entre la esfera de actuación individual y la laboral o de la organización, algo que no deja de resultar sorprendente pues cuesta pensar que tal conflicto se produzca entre las acciones de Anónimo y las acciones de Greenpeace”, le respondió.

“Más sorprendente aún resulta que sobre la causa del despido o de la ‘rescisión del contrato’, eufemismo al que recurre, planee el compromiso con la no violencia de Greenpeace ‘expresada en la construcción de una cultura de tolerancia cero con todas las acciones que pueden incurrir en sufrimiento u otros daños hacia las personas’. ¿Quiere decir con eso que en el fondo de la parodia que Anónimo hizo de los medios de comunicación en el caso conocido como de La Manada estaba la voluntad de dañar a la víctima? Yo creo que no y que si lo hizo fue de una manera tan involuntaria como el daño que las acciones de su organización causa en terceras personas. ¿O la humillación y descrédito profesional que sufrió el responsable de seguridad de la cumbre de Copenhague 2009 a causa de la actuación de Juantxo López de Uralde fue un daño premeditado?”, argumenta.

Así cierra su respuesta: “Me alegra que afirme que Greenpeace está en la defensa ‘sin matices’ del derecho a la libertad de expresión pues realmente cuesta creerlo tras su actuación en este triste caso que hoy está a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional. No sé cómo podrán defender su posición si el alto tribunal decide absolver a Anónimo García”, concluye.

Esta baja no es la única. “Llevo en Greenpeace desde hace al menos 25 años”, escribe en Twitter Abel Valero. “Hoy me doy de baja. Añado que esta es la gota que colma el vaso: estoy en desacuerdo con su hipocresía desde hace tiempo y este ha sido el último gesto”. Más madera: “¿Qué tal si readmitís a Anónimo García? Con disculpas y publicidad, mucha publicidad”, sugiere Javier Gómez, contestando a un post donde Greenpeace anima a afiliarse a los tuiteros. ¿Es posible que el coste reputacional del despido a García no haya hecho más que empezar? Todo gracias a un ensayo que Greenpeace nunca tuvo en su menú de opciones.

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