Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, en 2018, presentó como responsable de Cultura a Màxim Huerta, el ministro más breve en la historia de la democracia: duró ocho días luego de una aparatosa dimisión acusado de fraude fiscal y fue sustituido por José Guirao, cuya amplia experiencia y seriedad despejó la preocupación de algunos actores culturales. Guirao goaba de una amplia experiencia en el sector como director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y luego de La Casa Encendida, centro cultural impulsado por Caja Madrid.
El anuncio del nombramiento de José Guirao como nuevo ministro de Cultura y Deportes devolvió alguna tranquilidad a quienes comenzaban a ver con claridad la improvisación del Gobierno de Sánchez, un rasgo que se manifestó desde el comienzo y que aquel cambio tan brusco parecía confirmar. La elección de Guirao corrigió lo que a todas luces parecía un descalabro, pero eso no eximía al nuevo ministro de tener que enfrentar los retos de un sector descoyuntado y ávido de una política coherente en temas como mecenazgo, impuestos y propiedad intelectual, tres áreas en la que hasta ahora Guirao no ha conseguido avanzar demasiado.
Una de las intervenciones más expeditas y fulminantes de Guirao tuvo que ver con la fusión del Teatro Real y la Zarzuela en una única Fundación, un decreto aprobado por el gobierno del PP que se detuvo a los pocos días de asumir José Guirao el cargo como ministro de Cultura y Deporte. Desde el anuncio de la fusión de ambos teatros, en abril de 2018, cuando aún Íñigo Méndez de Vigo ocupaba la cartera de Cultura, hubo recelos, sobre todo entre los trabajadores de La Zarzuela, que contaron con un amplio apoyo del sector cultural en la figura de personas como Mario Gas, por considerarlo una pretensión de privatización del teatro de la calle Jovellanos.
En respuesta, Gregorio Marañón, presidente del patronato del Teatro Real, aseguró que se trataba de ocasión más que propicia para ampliar el espectro del teatro de la Zarzuela. Tras escuchar a los representantes sindicales de los trabajadores (CCOO, UGT y CSIF) y a los responsables del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela, Guirao decidió anular el Real Decreto que acordaba la fusión de ambos coliseos y poner en marcha una reforma del INAEM, el Instituto de Artes Escénicas y Música, cuya estructura obsoleta debía de ser modificada, según el ministro.
En lo que a Propiedad Intelectual y Derechos se refiere, a Guirao le faltó por concretar una solución de conjunto a los problemas con las entidades de gestión de derechos de autor y su fiscalización de, cuyo papel, representado en instituciones como la SGAE. Aún permanece pendiente la negociación de la cesión de la colección de Carmen Thyssen al Estado, que esta misma semana ha prorrogado por tres meses más el acuerdo que regula el préstamo de la colección Carmen Thyssen, el cual fue firmado en 1999 por un plazo de diez años y que desde 2011 se prorrogó de forma anual. En 2016 se renovó la cesión por seis meses y, desde enero de este año, se han ido sucediendo distintas prórrogas, cada una de tres meses.
Entre las medidas acogidas con entusiasmo por sectores como el editorial, hay que apuntar la recuperación de una Dirección General del Libro, a cargo de Olvido García Valdés, quien dimitió en verano de este año, así como la creación de una Comisión Delegada de Cultura, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia Carmen Calvo y que reúne a los ministros de Cultura y Deportes, José Guirao; de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, así como a los titulares de Exteriores, Defensa, Fomento, Justicia, Interior, Economía, Ciencia y Trabajo. Hasta el momento, la política cultural del Gobierno de Pedro Sánchez es una traducción de la provisionalidad de su situación. Y Guirao no ha podido hacer mucho más que eso.
