Que no se llama como la ministra que la propuso, eso se sabe y de sobra, pero parece inevitable que la gente siga refiriéndose a la Ley de Economía Sostenible, propuesta hace más de dos años, como ley Sinde, que esta vez vuelve en su versión menos impopular o menos antipática por decirlo de alguna forma.
El jueves finalmente, y tras la publicación del miércoles en el Boletín Oficial del Estado de lo que compete al papel de la Comisión de Propiedad Intelectual para la lucha contra la vulneración de los derechos en esta materia en Internet, supone una nueva etapa en la que dicha comisión funcionará como una pieza clave.
La Comisión incorpora a su labor de mediación y arbitraje, que desarrollaba hasta ahora, una segunda sección que establece un sistema mixto administrativo-judicial contra las páginas que vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro o que causen o puedan causar un daño al patrimonio. La comisión no actúa como un observatorio permanente sobre la Web, sino que actúa a instancia de parte del titular de los derechos de propiedad intelectual.
Desde el viernes, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual considere que una página de internet utiliza sus obras sin permiso puede iniciar un procedimiento ante esta comisión que, en un plazo mínimo de veinte días y máximo de tres meses, puede llevar a la interrupción del servicio.
La Comisión inicia entonces una serie de trámites de notificación, admisión o no de la solicitud, todo ello a través de un sistema telemático. El denunciante tendrá que acreditar que esa página tiene un ánimo de lucro o puede dañar su patrimonio, y deberá identificar al presunto responsable de la web.
En caso de que no pueda llevar a cabo esta identificación, el sistema prevé que un juez se encargue de ello, una de las dos ocasiones en las que se contempla la intervención de la Justicia en este procedimiento.
La otra es cuando, una vez acreditada por parte de la Comisión la vulneración de la legalidad, la página en cuestión no acceda voluntariamente a retirar los contenidos ilícitos, caso en el que el juez podrá autorizar el cese del servicio durante un año. En ese plazo, si la página notifica la supresión de ese contenido. Se reestablece la página. Lo que no se prevé en ningún caso son multas ni sanciones de otro tipo distintos a la remoción del material y, de no hacerse esto, el posterior cierre.
Esta sección, presidida por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, está integrada además por vocales de los ministerios de Educación, Cultura y Deportes; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad y Presidencia. Sus identidades no han sido dadas a conocer por el momento.
Tanto la Asociación de Internautas como otros colectivos dicen permanecer a la espera de cuál será el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso de la suspensión de la ley Sinde.
Desde entró en marcha esta iniciativa en noviembre de 2009, cuando el gobierno del PSOE presentó el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, que finalmente fue aprobada por el ejecutivo del PP el pasado 30 diciembre, no ha parado la polémica, sobre todo entre internautas.
