Los asuntos relacionados con el Patrimonio Histórico salen a la luz como el arroz: incumplimientos, expolios, adjudicaciones equivocadas... La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca que exige a la Generalitat de Cataluña la devolución a Aragón de las 97 pinturas del Monasterio de Santa María de Sijena que se exhiben Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac) pone en el tapete, de nuevo, la necesidad de revisar y replantear la gestión de la riqueza patrimonial en España. El asunto es especialmente significativo, porque los frescos a los que alude la sentencia fueron arrancados de forma irregular en 1936, dice la sentencia, y no comprados como aduce la Generalitat. Ese error ha permitido que durante casi cien años los frescos no estén en su lugar de origen.
La sentencia de la Audiencia de Huesca contra la Generalitat pone de manifiesto la necesidad de replantear la gestión del Patrimonio
Ese no es el único episodio reciente al respecto: la destrucción y perforación de una la muralla de la alcazaba de Almería a manos de los operarios de una empresa de eventos demostró no solo la precariedad y desprotección del patrimonio, sino algo mucho peor: la poca planificación para su conservación. Al momento de ser taladrada la pared del tercer recinto amurallado, no había ningún profesional para velar por la conservación de uno de los iconos la ciudad. De hecho, no existe ningún arqueólogo o técnico contratado como parte del conjunto debido a que la Junta de Andalucía decidió eliminar la plaza de arqueólogo que tenía desde enero de 2015. La Alcazaba tampoco posee unas normas de uso, que contemple la presencia de un arqueólogo o técnico que lo supervise. Se trata, valga decir, de una construcción del año 955. Es uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos árabes más importantes de la Península Ibérica y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en 1931. Y aun y a pesar de eso, fue taladrada.
Entre el catastrofismo y el balance, resulta importante asegurar que el tema ha experimentado cambios positivos en los últimos años. La investigación ha avanzado gracias, entre otras cosas, al papel activo que han asumido las autonomías en la financiación y constitución de unidades de investigación y conservación patrimonial. El conocimiento, documentación y clasificación de los testimonios históricos han favorecido al mejoramiento de la conservación patrimonial. Sin embargo, queda mucho por hacer. Sólo basta un repaso a los hechos y polémicas más sonadas para constatar que quedan asuntos pendientes. Y muchos... Existen casos emblemáticos, como el monasterio de San Pedro de Gumiel de Izán, en Burgos o el de Benevívere, en Palencia, cuyas piezas del románico fueron a parar a manos de anticuarios. A eso debe sumarse un elemento: la crisis como motor de gestiones cada vez más irregulares. En el año 2013, un total de 5.320 piezas del patrimonio artístico español salieron de España para ser vendidas en el mercado internacional. La crisis económica ha triplicado la exportación de bienes culturales. Hasta el 2012 habían salido desde España hacia el extranjero 15.000 objetos con un valor cercano a los 150 millones de euros, cifra que se se refiere sólo al tráfico lícito de bienes culturales, según informó entonces la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Patrimonio Histórico.
La Iglesia católica, titular de más de mil propiedades de patrimonio
Existen papeles difusos, no del todo claro, en la titularidad de muchos monumentos. Por ejemplo: la Iglesias Católica, una de las instituciones más señaladas al respecto. En España, la Iglesia Católica ha registrado como suyas más de mil propiedades en los últimos 16 años gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 que el gobierno de José María Aznar llevó a cabo en 1998. Inicialmente, la norma vigente durante el franquismo, en su artículo 206, permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, excepto los lugares de culto. En su primera legislatura, el PP retiró esa excepción, lo que permitió a la Iglesia registrar como suyas desde capillas o ermitas hasta iglesias y catedrales. Eso fue lo que ocurrió en el año 2006, cuando el Obispado de Córdoba inmatriculó – es decir, registró- la Mezquita-Catedral de Córdoba, la cual había sido declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la Unesco. Según sostiene el profesor de derecho Antonio Manuel Rodríguez, la Mezquita-Catedral es propiedad de la ciudadanía, Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio Mundial. El obispado ha perpetrado, en ese sentido, una apropiación jurídica, económica y simbólica del edificio.
En España, la Iglesia Católica ha registrado como suyas más de mil propiedades en los últimos 16 años
Construida en el 785, con 23.400 metros cuadrados, la de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Recibe al año 1.200.000 visitantes, cada uno paga 8 euros para poder acceder a ella -37 euros con visita guiada-. Ese dinero va a parar a las arcas del Obispado de Córdoba, que no paga impuestos por el usufructo de este tipo de monumentos. Al margen de un debate anticlerical o no, la verdadera amenaza para la conservación está en un cambio de uso simbólico que pueda despojar al monumento de su sentido simbólico original. Por ejemplo, el Obispado de Córdoba le ha retirado a la Mezquita la denominación Mezquita-catedral para referirse a esta como Santa Iglesia Catedral de Córdoba. El problema radica en que, al no haber sido incluida en un inventario de bienes municipales, poco puede hacer el Ayuntamiento, tal y como dejó patente este año en un informa en el que reconocía no tener “posibilidad legal alguna de inscribir a su nombre la Mezquita-Catedral" de la capital cordobesa.
Limbos jurídicos o el síndrome Frankenstein
Al resumen se unen otros casos que demuestra de qué forma el limbo legal de determinados monumentos empeora su situación. En 1920, José María del Palacio, conde de Las Almenas, construyó en la cima de un monte de la Sierra de Guadarrama el Palacio del Canto del Pico. Tras la Guerra Civil española, su creador y propietario regaló el edificio al general Franco, quien lo transformó en su casa-refugio y lugar de recreo. La casa, que tras la muerte de su huésped cayó en decadencia hasta ser finalmente vendida a una empresa, quedó abierta a los ojos públicos. Se hizo pública la otra cara del Palacio: había sido construido a partir de los fragmentos arquitectónicos, adquiridos y extraídos de arquitecturas representativas del arte español entre los siglos XII y XVII. Entre algunos de esos fragmentos y piezas se encontraron ejemplos como el Claustro de Valldigna, que llevó en 2007 a la Comunidad Autónoma de Valencia a reclamarlo para reintegrarlo a su lugar después de largos trámites administrativos. El del Palacio del Pico es apenas uno de los muchos episodios que abundan en las irregularidades del patrimonio histórico. Piezas que han permanecido durante años en colecciones particulares y privadas de su función de interés histórico y público. En su mayoría, las piezas de tipo religioso son las que más han sufrido expolios y pasado luego a coleccionistas.
