Hablemos claro: Pedro Sánchez ha sido lo más parecido que hemos tenido en democracia a Fernando VII. Nada más pisar la Moncloa burló el mandato popular para convertirse en el carcelero del pueblo, pues además de intentar vendernos al mejor postor internacional para asegurarse un futuro puesto de dirigente-marioneta en una de las instituciones tecnócratas globales, ha transformado al estado español en un modelo de represión ciudadana. Sánchez no solo ha impulsado como ningún otro líder mundial esa arma de destrucción social llamada política identitaria, sino que en la crisis de la covid-19, en el momento en el que más necesitábamos una voz que defendiera nuestros derechos y salud frente a los depredadores farmacéuticos y digitales, nos traicionó de la manera más rastrera y autoritaria. Somos muchos los que nos negamos a olvidar que bajo su mandato fuimos arrestados de manera ilegal en nuestros domicilios con un enorme perjuicio tanto para la salud de los vulnerables como de los no vulnerables. Pero somos aún más los que nunca perdonaremos que prohibiese a nuestros hijos pequeños pisar ni un mísero segundo la calle con el único fin de ofrecer un ejemplo internacional de control social a sus amos, aun cuando los diferentes estudios científicos disponibles indicaban que la covid-19 no representaba un peligro para los niños y que estos no eran un vector de contagio relevante. 

Pese a encontrarnos a menos de un mes de las elecciones nadie parece reclamar a Sánchez responsabilidad por la gestión de la pandemia y es quizás por eso que este cancerbero del capitalismo sanitario, digital y verde (diga usted, lector liberal, si lo considera oportuno, comunismo) se atreve a llamarnos anti-vacunas y negacionistas a todos sus críticos y a culparnos de haber hecho retroceder a España en veinte días veinte años en términos de progreso político (¿puede un socialista afirmar que hemos progresado algo en los último veinte años?).

Los mismos políticos y simpatizantes que desde la izquierda acusaban al FMI (1944) y al Banco Mundial (1945) de ser instrumentos de dominación y expolio ciudadano se plegaron sin más a las directrices de la OMS

Si esta falta de control político a Sánchez es preocupante, lo es aún más que nadie discuta los planes de destrucción forzada de nuestros consensos básicos sobre la democracia, la ciencia o la libertad de expresión que, partiendo de la nueva era abierta por el Gran reset ocasionado por la gestión de la covid-19, están llevando a cabo instituciones como la OMS y fundaciones dizque benéficas al servicio de la industria farmacéutica como el Wellness Trust o la fundación Bill & Melinda Gates. 

Pedro Sánchez y la tiranía progresista

La crisis del covid-19 nos demostró que la izquierda es un cadáver momificado que oculta su falta de sangre con ingentes dosis de brilli-brilli. Los mismos políticos y simpatizantes que desde la izquierda acusaban al FMI (1944) y al Banco Mundial (1945) de ser instrumentos de dominación y expolio ciudadano se plegaron sin más a las directrices de la OMS, sin percatarse de que esta institución fue creada en 1948 como compañera de las otras dos por medio de los acuerdos de Bretton Woods firmados por EEUU, Gran Bretaña y los países de Europa Occidental. El objetivo inicial de estas tres instituciones no fue otro que el de funcionar como instrumentos de gobernanza mundial no democrática que asegurasen, tras la Segunda Guerra Mundial, el orden monetario global necesario para mantener una economía que respectase los intereses de los países firmantes y mantuviese intacto su dominio colonial. Esta lógica de dominación, que fue adaptándose a las distintas épocas vividas desde entonces, debiera mostrarnos algo que es obvio pese a la insistencia de la izquierda posmoderna en negarlo: las políticas sanitarias son, de la misma manera que las políticas económicas o verdes, potenciales instrumentos de dominación. 

Hasta la crisis del SARS de 2003, la OMS se mantuvo como un órgano en apariencia consultivo que promovía un colonialismo encubierto sobre los países del Tercer mundo. En el 2003, sin embargo, como se cuenta en una de sus historias oficialistas, la OMS se erigió en una autoridad supranacional que vulneró de facto las competencias de los distintos países declarando niveles de emergencia nacionales e internacionales y entrando en un conflicto abierto con Canadá al recomendar no viajar a Toronto. Este incidente dio pie a que en 2005 la OMS reformase en su 61 Asamblea el Reglamento Sanitario Internacional y autoconfirmase su poder supranacional, permitiéndole a su director general decretar emergencias sanitarias y denunciar a países por falsear datos. En 2009 la polémica estalló cuando durante la crisis de la gripe porcina (H1N1) la OMS fue acusada de elevar arbitrariamente el nivel de emergencia sanitaria para favorecer a la industria farmacéutica mediante la promoción del antiviral Tamiflú.

Una década después, la gestión de la crisis del covid-19 (que según Clay Baker destruyó los cuatro pilares básicos de la ética médica) ha sido utilizada por la OMS como una excusa para erigirse en un poder de vigilancia mundial y control ciudadano sin precedentes. En la reforma en curso de su legislación sanitaria, la OMS pretende volver a un modelo político autoritario en el que los derechos básicos del individuo que fueron aprobados en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 sean suprimidos en nombre de un oscuro bien común. En concreto, proponen eliminar de su reglamento la garantía de que toda política sanitaria se implemente “con pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas“, para sustituirla por una siniestra promesa en clave woke de “equidad, coherencia e inclusividad“.

La salud como nueva guerra poblacional

Que nadie se equivoque entre los balidos de oveja generales. El autoritarismo sanitario ha llegado y quiere suprimir la democracia por un régimen global gobernado por una filantropía que no pase por el control de ningún parlamento, además de sustituir los lentos pero garantistas protocolos científicos por arriesgados programas de innovación que conciben la sanidad como un asunto secreto propio del Ministerio de Defensa. Esto es lo que propone Wellcome Trust, una de las mayores organizaciones filantrópicas de investigación biomédica, presidida hasta hace poco por Jeremy Farrar, el novísimo científico jefe de la OMS, y acusada por el British Medical Journal de conflicto de intereses durante la crisis del covid-19. Wellcome defiende la necesidad de encontrar “soluciones urgentes” que afronten “los tres desafíos de salud mundial: salud mental, enfermedades infecciosas, así como clima y salud”. Para ello creó la Wellcome Leap, un instituto transhumano del que Farrar es director emérito, y que reclama la necesidad de que la ciencia funcione en base a la lógica del DARPA, el centro americano de innovación en defensa creado durante la Guerra Fría y conocido por experimentar vulnerando todo derecho ciudadano.

De hecho, Regina Dugan, la responsable de Wellcome Leap, fue nombrada en 2009 directora del DARPA por Obama, y ejerció como alta ejecutiva de Google, Facebook y Motorola,  en donde diseñó una polémica pastilla de autentificación digital. Los proyectos impulsados por Wellcome Leap presumen de atentar contra la “sabiduría convencional” y de tomar riesgos para cuyas “consecuencias no deseadas” debemos estar preparados. Entre sus planes eugenésicos está el de tener mapeado en 2030 el cerebro del 80 por ciento de los niños para así promover intervenciones de homogeneización poblacional que eviten el fracaso escolar o la criminalidad. 

En boga con el ultracapitalismo de mensaje izquierdista defendido por instituciones como el Foro Económico Mundial o la misma OMS, Wellcome Leap utiliza un vocabulario falsamente republicano para imponer una agenda abiertamente antidemocrática. Presume, por ejemplo, de ser un movimiento de base por tener hasta 650.000 científicos dispuestos a movilizarse y reclama que en los global commons -es decir, en el mundo- hay que promover cambios regulatorios urgentes que permitan un avance real de la ciencia. Este intento de implantar una tiranía sanitario-digital global no solo reclama la necesidad de acabar con el “consenso [científico] de la revisión por pares” y de introducir el factor “riesgo” como un nuevo derecho (trans)humano en los experimentos, sino que apuesta por eliminar la democracia y sustituirla por una gobernanza de grandes organizaciones filantrópicas independientes que “tienen la habilidad de hacer lo que otros no pueden” puesto que “en un momento en el que la Humanidad se encuentra en una urgente necesidad de acción, la filantropía puede actuar con rapidez, sin preocuparse por los ciclos electorales o los lentos procesos que suponen realinear la voluntad política con los incentivos de las estructuras económicas globales”. 

¿Habrá algún político que hable antes de las elecciones del 23-J de este autoritarismo sanitario en el que se nos va la vida, los derechos, la soberanía y la misma noción de humanidad? 

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