Según informó la federación, presentará ante el Tribunal Supremoun recurso de casación contra la reciente sentencia del TSJC, que desestimaba el presentado por la RFEN contra la dictada en primera instancia por el juzgado de lo social de Terrassa, que declaraba nulo el despido disciplinario que se produjo en diciembre de 2012 y que le obligaba a indemnizar con más de 300.000 euros a Tarrés.
Además, la entidad que preside Fernando Carpena lamenta que esta última sentencia, que fue comunicada a las partes el pasado 20 de diciembre, fuese "filtrada a los medios de información de forma interesada".
En este sentido, puntualiza que "respeta la decisión judicial, que no comparte" y que presenta este recurso de casación en el "ejercicio de sus derechos" y para la "la unificación de doctrina". Igualmente señala que un año después del 'despido disciplinario' de la técnicos, el organismo "obraría del mismo modo, sobre todo al haber contrastado en su día prácticas extra deportivas e inaceptables".
"Según testimonio de alguna de las deportistas integrantes del equipo de natación sincronizada, que así lo declararon judicialmente, éstas fueron presionadas por la exentrenadora para firmar un contrato con una agencia de patrocinio. Dicho contrato, además, señala que 'los ingresos generados por los patrocinios serán distribuidos y gestionados por la Sra. Anna Tarrés (Seleccionadora Nacional y Responsable del equipo de natación Sincronizada)", asegura en su comunicado la RFEN.
En este sentido, desde la RFEN apuntan que "con este comportamiento la Sra. Tarrés pretendía asumir, con desconocimiento de la RFEN hasta ese momento, competencias institucionales propias de la RFEN, incumpliendo sus propias obligaciones contractuales", y concluye recordando las siete medallas logradas por la sincronizada en los pasados Mundiales, que mejoraron los resultados obtenidos en Shanghai 2011 bajo el mando de la por entonces seleccionadora.
